La escena lo dice todo. Mientras el Gobierno panameño guardaba silencio, fue una empresa californiana la que, el pasado 14 de julio, anunció desde su cuenta de Instagram que en junio había entregado a la Fuerza Pública de Panamá sistemas aéreos no tripulados de larga autonomía modelo K1000ULE. El fabricante es Kraus Hamdani Aerospace (KHA). El precio: un acuerdo de «varios millones de dólares», según el propio comunicado de la compañía. El Ministerio de Seguridad Pública panameño no ha dado información precisa alguna sobre la compra.
La transacción se realizó bajo el programa de Venta Militar al Extranjero (Foreign Military Sales, FMS) del Gobierno de Estados Unidos, un mecanismo autorizado por la Ley de Control de Exportaciones de Armas mediante el cual Washington puede vender artículos y servicios de defensa a países extranjeros cuando el presidente de Estados Unidos considere que ello fortalece la seguridad estadounidense y promueve la paz mundial. En el marco del FMS, ambos gobiernos formalizan un acuerdo de gobierno a gobierno denominado Carta de Oferta y Aceptación (LOA). El secretario de Estado determina qué países participan; el secretario de Guerra ejecuta los programas.
El K1000ULE no es un dron de uso civil. Se trata de la tecnología más reciente de KHA, adquirida también por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Según el comunicado de la empresa, el sistema permitirá a la Fuerza Pública «mantener un conocimiento continuo de la situación, detectar patrones de actividad y respaldar operaciones coordinadas contra las rutas del tráfico de narcóticos». La cofundadora y directora ejecutiva de KHA, Fatema Hamdani, precisó que el modelo «fue diseñado para operar donde otros sistemas no pueden, ofreciendo cobertura de larga duración, confiabilidad operativa y flexibilidad en las misiones».
Los detalles cuentan la historia. KHA no se limita a vender hardware: el comunicado precisa que la empresa está «invirtiendo en el éxito a largo plazo» de Panamá mediante la capacitación y certificación de personal sin experiencia previa en vuelo de drones para convertirlos en operadores calificados. El programa de capacitación comenzó «inmediatamente después» de la entrega de los sistemas y, según la misma fuente, «constituye la base del primer escuadrón dedicado a drones de Panamá».
La arquitectura institucional que recibirá esos aparatos tomó forma el 4 de julio, varias semanas después de la entrega. Ese día el Ministerio de Seguridad Pública anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant), una nueva dependencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). El Minseg indicó que la Coant pretende fortalecer la vigilancia en zonas fronterizas, ampliar la capacidad de inteligencia aérea en tiempo real y apoyar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. El comunicado oficial no mencionó a KHA ni al programa FMS.
Para entender el presente hay que volver a esa secuencia: primero llegan los drones, luego aparece la unidad que los operará, y solo cuando la empresa fabricante habla desde California el mundo se entera del monto y la naturaleza del acuerdo. La trastienda de esta historia es una pregunta que el Gobierno panameño no ha respondido: ¿con qué fondos se pagó, cuántas aeronaves se compraron y bajo qué condiciones de supervisión legislativa?
Desde la línea editorial de Hemisferio, el fondo del asunto es doble. Por un lado, la apuesta de Mulino por tecnología probada, adquirida a través del canal institucional más robusto disponible —el FMS estadounidense—, apunta en la dirección correcta: soberanía operativa, interoperabilidad con aliados y capacidad real para golpear redes de narcotráfico en un país cuya posición geográfica lo convierte en corredor obligado del crimen transnacional. Eso merece reconocimiento. Por otro lado, un acuerdo de «varios millones de dólares» en dinero público —sea nacional o financiado por Washington— exige transparencia ante los ciudadanos panameños. Que la noticia llegara por Instagram antes que por una rueda de prensa gubernamental no es un detalle menor: es un déficit de rendición de cuentas que ningún resultado operativo, por prometedor que sea, debería tapar.
