La escena lo dice todo. Un librero de Badalona recibe un pedido de cuatro libros por 35 euros, con gastos de envío de 67 euros. Un minuto después, otro pedido con 20 euros más de portes. Los números no cuadran. Marçal Font, dueño de la librería Fénix, a veinte minutos en tren de Barcelona, sabe que algo no encaja.
Font contactó a Xavi Vinaixa, director de una empresa tecnológica y amigo suyo. Juntos abrieron un hilo en un foro de internet y comenzaron a intercambiar mensajes con libreros de otros países europeos. La conclusión fue unánime: el patrón era sistemático y transfronterizo.
El modus operandi, según lo reconstruyeron los propios libreros, funcionaba así: las compras se realizaban a través de ZoomBooks, una plataforma canadiense de libros usados, y los ejemplares eran enviados a operadores logísticos intermediarios como PrepFort, con sede en Illinois, Estados Unidos. La cadena de intermediarios impedía identificar al cliente final.
La respuesta llegó el 27 de enero de 2026, cuando The Washington Post publicó los detalles del llamado Proyecto Panamá. La información provenía de más de 4.000 documentos que salieron a la luz durante un proceso legal en el que varios escritores disputaban sus derechos de autor contra Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude y fundada por exmiembros de OpenAI.
Uno de esos documentos internos lo decía sin rodeos: «El Proyecto Panamá es nuestro esfuerzo por escanear de forma destructiva todos los libros del mundo». El carácter confidencial del plan estaba explícitamente especificado en el mismo texto.
Durante aproximadamente un año, Anthropic gastó decenas de millones de dólares en adquirir millones de libros. El procedimiento era industrial: una máquina de corte hidráulico separaba los lomos con precisión; escáneres de alta velocidad y calidad industrial digitalizaban las páginas; y finalmente una empresa de reciclaje recogía los libros ya procesados. Destruidos. Irrecuperables.
Los documentos también revelan que Anthropic buscaba «un proveedor experimentado de servicios de escaneo de documentos para convertir de 500.000 a dos millones de libros en un período de seis meses». No se conoce cuántos ejemplares llegaron a escanearse en total.
Para ejecutar el proyecto, la empresa contrató a Tom Turvey, uno de los expertos que estuvo detrás de Google Books, aquel otro proyecto que hace dos décadas digitalizó millones de obras sin solicitar permiso previo a autores ni editores. La historia, al parecer, tenía voluntad de repetirse.
Entre los proveedores contemplados figuraban The Strand, la célebre librería de Nueva York que afirma tener 28 kilómetros de estanterías, y bibliotecas públicas como la Biblioteca Pública de Nueva York, descrita en los documentos como una institución que «sufre una financiación insuficiente crónica». No se sabe si esas propuestas se concretaron.
La lógica detrás de la operación era explícita: los libros, según los propios documentos internos, podrían enseñarle a la IA a «escribir bien», en vez de imitar el «lenguaje vulgar de internet». Para las grandes empresas tecnológicas, los libros son activos clave. The Washington Post describió el fenómeno como la «frenética y, a veces, clandestina carrera entre las principales empresas tecnológicas por adquirir las obras colectivas de la humanidad».
Como señaló Vinaixa a El País, la paradoja es mayúscula: un proyecto que busca millones de datos termina destruyendo su fuente primaria.
Lo que está en juego es más que papel impreso. El Proyecto Panamá ilustra con precisión el modelo que siguen las grandes plataformas de inteligencia artificial: apropiarse del trabajo ajeno —en este caso, el de escritores, investigadores y editores— sin compensación ni consentimiento, amparadas en la opacidad y en estructuras legales que aún no han alcanzado a esta tecnología. Los libros destruidos no son solo un problema cultural; son propiedad intelectual convertida en insumo industrial sin que sus creadores vean un centavo.
El proceso judicial que destapó estos documentos abre una pregunta que los mercados y los legisladores tendrán que responder pronto: ¿quién es el dueño del conocimiento humano cuando una corporación lo convierte en datos de entrenamiento? La libre empresa supone respeto a la propiedad privada. También a la intelectual.
