Lima, 4 de agosto de 2026. Antes de que cerrara la mañana, el diario oficial El Peruano publicó una serie de resoluciones supremas que completaron el mapa viceministerial del gobierno de Keiko Fujimori. No fue un acto simbólico: fue la arquitectura concreta del Estado que la presidenta pretende operar.
Los nombramientos llegaron en bloque. Por el lado del Ministerio de Educación, la resolución suprema 019-2026-MINEDU designó a Miriam Ponce como viceministra de Gestión Pedagógica. Ponce no es un nombre nuevo en el sector: fue ministra de Educación entre septiembre de 2023 y abril de 2024, bajo la gestión de Dina Boluarte. La misma resolución lleva la firma de José Chang, titular de Educación y rector de la Universidad San Martín de Porres, quien refrenda el nombramiento junto a la presidenta.
En paralelo, la resolución suprema 153-2026-JUS nombró a Juan Teodoro Falconi Gálvez como viceministro de Justicia, con la firma del titular encargado del Minjus, Marco Vinelli. El currículum de Falconi tiene una fecha que nadie en Lima pasa por alto: en diciembre de 2017, presidió la Comisión de Gracias Presidenciales cuando ese organismo recomendó al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski conceder el indulto a Alberto Fujimori. Su trayectoria no se interrumpió ahí. Durante el gobierno de Boluarte, el exministro Eduardo Arana le encargó presidir la comisión que debatió y elaboró un informe sobre la aplicación de la pena de muerte en Perú. Ya en el gobierno interino de José Jerí, el premier Ernesto Álvarez —hoy ministro de Justicia— le confió la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.
También se publicó la resolución suprema 017-2026-MINEDU, que nombra a Luis Antonio Alemán Nakamine, quien integró el equipo de transferencia de Keiko Fujimori en el sector Educación.
Donde el perfil técnico resulta más nítido es en el Ministerio de Economía y Finanzas. Las resoluciones supremas 026-2026-EF y 024-2026-EF, refrendadas por el ministro Elmer Cuba y fechadas el 3 de agosto, oficializaron a Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía y a Erick Wilfredo Lahura Serrano como viceministro de Hacienda. Ambos nombramientos, según la fuente, estaban anticipados desde semanas antes de la conformación del gabinete.
Orrego llega al cargo con una trayectoria forjada en el Banco Central de Reserva del Perú, donde dirigió los departamentos de Análisis de Política Monetaria y de Políticas Estructurales. Antes fue asesor del Director Ejecutivo de la Silla del Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional. A mediados de 2025 ya había ocupado brevemente el mismo viceministerio de Economía.
Lahura, por su parte, acumula más de veinte años en el sector público: pasó por el BCRP, la SUNAT y el Banco de la Nación. Entre abril de 2024 y julio de 2025 ejerció como viceministro de Hacienda; luego se encargó del viceministerio de Economía hasta octubre de 2025, para incorporarse al BCRP como economista senior de investigación antes de este nuevo llamado.
La escena lo dice todo. En el MEF, Fujimori apuesta por cuadros con formación en banca central y organismos multilaterales, señal de que la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal son la columna vertebral del proyecto económico. Orrego y Lahura conocen los mecanismos del presupuesto, la deuda y la política monetaria desde adentro: no llegan a aprender el oficio.
El cuadro completo revela una estrategia de gobierno que Hemisferio ha seguido desde la transición: Fujimori construye su administración combinando técnicos con credenciales institucionales sólidas y operadores con experiencia transversal en distintos gobiernos. Esa transversalidad tiene un costo político —los vínculos con la era Boluarte generarán ruido en la oposición— pero también una lógica: en un Estado con alta rotación de cuadros y memoria institucional frágil, la continuidad técnica tiene valor real. Lo que está en juego es si esa apuesta por la gestión se traduce en resultados concretos para la inversión, el orden fiscal y la seguridad jurídica que el Perú necesita para recuperar el ritmo de crecimiento que perdió en los años de inestabilidad política.
