La escena lo dice todo. Un sábado por la mañana en el Pequeño Cottolengo de Don Orione, en Almirante Brown, Axel Kicillof rodeado de obispos, intendentes del conurbano, jueces, rectores universitarios y dirigentes gremiales. La Pastoral Social de la Región Buenos Aires convocó el encuentro; el gobernador bonaerense llegó con agenda propia.
«En un contexto de mucha agresión y discursos vacíos, vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesitan», dijo Kicillof ante los presentes. La frase no estaba dirigida a los obispos. Estaba dirigida a 2027.
El gobernador no se ha sumado oficialmente a la carrera presidencial, pero prepara el terreno a través de su sello Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en medio de una interna abierta con La Cámpora, la organización liderada por Cristina y Máximo Kirchner. La paradoja del día: pese a ese enfrentamiento, el encuentro reunió a Kicillof con intendentes del sector kirchnerista, incluidos jefes comunales que intentan mantenerse al margen de las tensiones internas.
El documento final de la jornada convoca al «diálogo social» para construir un «proyecto provincial y nacional que tenga como fin que el área metropolitana sea socialmente justa». El texto cita al papa Francisco para sostener que «la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia», y advierte contra «formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos». El blanco implícito es el gobierno de Javier Milei, aunque ningún párrafo lo menciona por nombre.
El ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, fue más directo en diálogo con LA NACION: habló de «la aceleración del deterioro social que se vio en los últimos cuatro meses» y lo ilustró con endeudamiento familiar, pluriempleo, pedidos de becas y entrega de comida en los barrios. La diputada nacional Cecilia Moreau, también presente, señaló que se abordaron «la preocupación por la fractura social en los barrios, el incremento de los conflictos en torno a la salud mental y el alejamiento del Estado».
Una fuente al tanto del encuentro fue aún más explícita: la jornada remarcó, según esa fuente, «la ausencia del gobierno nacional en este tipo de tareas y la obra pública frenada», y subrayó que «el conurbano es uno de los sectores más castigados por Milei». La misma fuente apuntó que apareció «la esperanza de que esta situación se pueda revertir el año que viene», tras las elecciones presidenciales.
Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de asesores del gobernador Cristina Álvarez Rodríguez, y los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariel Fernández (Moreno), Eva Mieri (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), entre otros. También asistieron jueces, fiscales, rectores universitarios y representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la CTA y la CGT. El encuentro tuvo su origen en una reunión que un grupo de intendentes mayormente referenciados en el MDF mantuvo con Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino, en mayo pasado.
Los detalles cuentan la historia. Kicillof construye su candidatura desde el territorio más castigado por décadas de gasto público sin control: el conurbano bonaerense. El argumento es conocido: el ajuste duele, el Estado debe volver. Lo que el relato omite es la otra cara del libro de cuentas: la provincia de Buenos Aires acumula años de déficit, deuda y servicios públicos deteriorados bajo gestiones del mismo signo político que hoy denuncia el «deterioro». Presentar el freno a la obra pública nacional como abandono, y no como corrección de un gasto que el propio Estado provincial nunca pudo financiar con recursos propios, es un ejercicio retórico que la Iglesia prestó su escenario para legitimar. El libre mercado y el gobierno limitado no son «formas liberales al servicio de los poderosos»: son, en todo caso, la única alternativa que Argentina no ha ensayado con seriedad. Ese es el debate que Kicillof prefiere no tener.
