La escena lo dice todo. El 2 de septiembre, durante el 47 aniversario del Ejército de Nicaragua, dos discursos se cruzaron sin dialogar entre sí. Por un lado, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) pidió a oficiales y soldados que no usaran las armas contra la población y les prometió «un lugar de respeto» en una eventual Nicaragua democrática. Por el otro, el general Julio César Avilés, comandante en jefe desde 2010, respondió desde la tribuna oficial con un respaldo explícito a las reformas constitucionales impulsadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria», dijo Avilés, quien llamó a los militares a mantenerse «leales, firmes, cohesionados y sin dobleces». El jefe militar habló en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, y calificó de «agresiones e injerencias extranjeras» las presiones sobre el régimen.
El Ejército nicaragüense —con origen en la guerrilla sandinista que tomó el poder en 1979— cuenta con unos 12.000 soldados y más de 40 generales, según cifras publicadas por 19 Digital. Es una institución que conserva armas pesadas, presencia territorial, inteligencia, disciplina y una cadena nacional de mando, factores que explican por qué tanto el oficialismo como la oposición han intensificado sus mensajes hacia los cuarteles.
Los detalles cuentan la historia de un giro discursivo. En 2018, en plena represión contra las protestas, la Alianza Cívica dirigió una carta abierta al Ejército recordándole su carácter «profesional, apartidista, apolítico y obediente al orden constitucional» y pidiéndole escuchar «el clamor del Pueblo» por una salida pacífica. El reclamo se limitaba entonces a exigir que la institución no reprimiera y desarmara a los grupos paramilitares.
Con el paso de los años, el mensaje de una parte de la oposición pasó de la exigencia a la oferta. Juan Sebastián Chamorro, al explicar la propuesta «Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia», respaldada por quince organizaciones opositoras, planteó que el Ejército «puede ser un factor de estabilidad» en un cambio de régimen. Precisó que se refería a militares sin participación en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, y argumentó que las Fuerzas Armadas podrían evitar que una transición desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional.
Esa oferta llegó incluso a las conversaciones sobre un eventual gobierno provisional. El comentarista político Jaime Arellano reveló que, entre las propuestas opositoras sobre una junta de transición, se consideró la participación de una persona vinculada al Ejército, aunque sin consenso: unos proponían un militar y otros «alguien de confianza del Ejército».
La UNAB fue explícita el 2 de septiembre al dirigirse a «oficiales y soldados no involucrados en la represión»: «Ese es el aporte que Nicaragua espera de ustedes: no las armas contra sus hermanos, sino el criterio profesional». Y remató con una promesa hacia el futuro de los uniformados: «En la nueva Nicaragua habrá un lugar de respeto para el militar profesional».
Para entender el presente hay que volver a la lectura que hace Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, sobre el papel de Estados Unidos. Según explicó, Washington opera bajo la premisa de que las transiciones políticas no pueden acometerse sin las fuerzas armadas, salvo que estas colapsen por completo. «Me parece que Estados Unidos trabaja y seguirá trabajando en la perspectiva de mantener canales discretos de comunicación con los militares nicaragüenses», afirmó Meléndez, para quien Washington ve en el Ejército «un actor con el que inevitablemente debe negociarse las condiciones de salida del dictador de turno».
No existe evidencia pública de una fractura importante dentro del Ejército nicaragüense ni de una rebelión en marcha, y tampoco puede darse por establecido que la institución prepare una ruptura con Ortega y Murillo. Lo comprobable, según la fuente citada, es que los mensajes políticos hacia los cuarteles han aumentado mientras la oposición intenta separar a los militares sin responsabilidades penales de la suerte del régimen, y Ortega y Murillo han construido durante años mecanismos para conservar la fidelidad de la cúpula.
El desenlace de esta pugna importa más allá de las fronteras nicaragüenses. Un Ejército que actúa como garante de la propiedad, el orden y una salida institucional —y no como brazo represor de una pareja que se aferra al poder mediante reformas constitucionales a medida— es la única vía compatible con una transición que no repita el ciclo de vacío de poder y caudillismo que ha lastrado a la región. La disyuntiva que hoy se libra en los cuarteles nicaragüenses no es menor: define si el país sale de la dictadura con instituciones en pie o se hunde en un colapso que ningún actor, ni siquiera Washington, podría contener con facilidad.
