La escena lo dice todo. En la vereda El Tigre, municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, el Ejército Nacional de Colombia dio de baja este viernes a alias Momo, identificado como uno de los jefes del Clan del Golfo en Antioquia. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la operación en persona y no escatimó en detalles ni en advertencias.
«Este era un cabecilla de esa banda narcoterrorista que en buena hora nuestro Ejército ha dado de baja», afirmó De la Espriella. Junto a la muerte de Momo, el operativo resultó en la captura de dos personas —alias Mónica y alias Chuzo— que fueron puestas a disposición de la justicia. Las fuerzas militares también incautaron armas y equipos electrónicos durante los procedimientos del mismo día.
Los detalles cuentan la historia. El combate no fue sin costo. Según el jefe de Estado, un ataque con drones perpetrado por los grupos criminales cobró la vida del sargento segundo Yuber Antonio Gutiérrez y dejó a cuatro soldados heridos. «Toda mi solidaridad y cariño para la familia del sargento. Y a los delincuentes terroristas que atacan a nuestra fuerza pública y al pueblo colombiano, les digo, no quedarán impunes», declaró De la Espriella.
El presidente aprovechó el anuncio para lanzar una advertencia directa y nominal a una lista de objetivos. Mencionó a alias Chiquito Malo, Rodrigo Flechas, El pura y Richard, así como a integrantes del frente 36 identificados como alias Chejo, Pablo Tole, Primo Gay y Guarícho. Extendió el aviso a miembros del ELN: alias El calvo, Pantera y John Fiera. «Vamos por ellos», sentenció.
El Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia— opera en varias regiones del país y ha convertido el Bajo Cauca antioqueño en uno de sus bastiones históricos, zona estratégica por sus corredores de narcotráfico y minería ilegal. La muerte de un cabecilla de esa estructura en ese territorio representa un golpe operativo a la cadena de mando local del grupo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El uso de drones armados por parte de organizaciones criminales para atacar a la fuerza pública marca una escalada táctica que las autoridades colombianas llevan meses documentando. Que un sargento haya muerto en ese tipo de ataque el mismo día en que el Ejército ejecutaba una operación exitosa ilustra la naturaleza simultánea del conflicto: avances y pérdidas ocurren en el mismo teatro, a veces en horas.
Desde la perspectiva de Hemisferio, la jornada del viernes en El Bagre es un argumento en favor de la lógica que el gobierno De la Espriella ha elegido: confrontación directa, sin negociaciones que otorguen oxígeno institucional a estructuras narcoterroristas. La baja de Momo, las dos capturas y la incautación de material bélico y electrónico son resultados concretos que el aparato de seguridad del Estado puede exhibir. El precio —un soldado muerto, cuatro heridos— recuerda que esos resultados tienen nombre y familia detrás. Lo que está en juego no es solo una estadística de seguridad: es la capacidad del Estado colombiano de ejercer soberanía efectiva sobre territorios que el crimen organizado ha tratado durante décadas como propios. Cada cabecilla abatido es una señal de que esa soberanía se disputa con seriedad.
