La escena lo dice todo. Un tigre de bengala de dos años, 116 kilogramos y 236 centímetros de longitud, deambulando por el municipio de Tepetlaoxtoc durante seis días antes de que un operativo lo detuviera —de manera definitiva— el 2 de julio.
El informe preliminar del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es preciso: Kenzo, el tigre de bengala que escapó el 27 de junio del centro Animal Experience, murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias producidas por un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza. El proyectil, según el documento entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), «penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando».
El estudio también describe otras heridas en el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego, entre ellas una correspondiente al marcaje del animal —el microchip de identificación— y una herida longitudinal lacerante de 11 centímetros en la cola. El Departamento de Patología entregará un diagnóstico final que incluirá un examen histopatológico para obtener mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas.
Las autoridades explicaron que el disparo fue realizado para salvaguardar a uno de los participantes en el operativo de captura, ante una agresión inminente del felino. El comunicado de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) recoge esa versión sin ambigüedades.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Kenzo había escapado del centro Animal Experience, un establecimiento privado dedicado al manejo de fauna exótica. Seis días después, el operativo de captura concluyó con la muerte del animal. El hecho generó una oleada de reacciones en redes sociales, pero la pregunta de fondo —cómo un tigre de bengala pudo escapar de un recinto autorizado en primer lugar— ha recibido menos atención pública que la imagen del felino abatido.
Los detalles cuentan la historia. Animal Experience operaba con fauna que, por definición, requiere condiciones de contención estrictas, personal especializado y protocolos de emergencia probados. La fuga de Kenzo el 27 de junio puso en evidencia que alguno de esos eslabones falló. La Profepa, dependencia federal responsable de la supervisión de este tipo de establecimientos, recibió el informe de la UNAM pero hasta el cierre de esta edición no había hecho pública ninguna resolución sobre las condiciones del recinto ni sobre eventuales responsabilidades administrativas o penales.
El aparato regulatorio mexicano contempla la Ley General de Vida Silvestre y las normas que rigen los Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). En teoría, esos instrumentos exigen estándares mínimos de infraestructura y seguridad. En la práctica, la capacidad de inspección de la Profepa ha sido cuestionada de manera recurrente por organizaciones de protección animal y por el propio sector veterinario.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el caso Kenzo ilustra un problema que va más allá de la suerte de un animal: la distancia entre la norma escrita y su aplicación efectiva. Un Estado con recursos limitados y voluntad política intermitente no puede garantizar que los centros de manejo de fauna exótica operen con los estándares que la ley exige. El resultado, en este caso, fue una semana de riesgo real para la población de Tepetlaoxtoc, un operativo de captura que terminó en muerte y un expediente que la Profepa deberá resolver con algo más que un informe preliminar.
La libre empresa incluye el derecho a operar negocios que involucran fauna silvestre, pero ese derecho viene acompañado de una responsabilidad proporcional al riesgo que se genera para terceros. Cuando esa responsabilidad no se cumple —y cuando el Estado carece de la capacidad o la voluntad de hacerla cumplir— la factura la pagan los ciudadanos. Y, en este caso, también Kenzo.
