La escena lo dice todo. Durante cuatro años, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá pagó por información que, según la Contraloría de la ciudad, ya tenía a su disposición. El resultado: $6.501.689.565 desembolsados al erario, hoy bajo investigación fiscal.
El organismo de control abrió formalmente el proceso para determinar si esos recursos sufrieron un detrimento patrimonial. En el centro del expediente están 5.467.476 consultas realizadas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre 2021 y 2024, un servicio que fue prestado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
El problema, según la revisión preliminar de la Contraloría, es que la información consultada ya estaba disponible en plataformas institucionales que la propia Secretaría operaba: SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON. Si eso se confirma, el pago no respondería a ninguna necesidad real del servicio público, sino a una decisión de gasto que ignoró los principios de eficiencia, economía y racionalidad que la ley exige a las entidades del Distrito.
Dentro del proceso fueron vinculados exsecretarios y otros funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de la ETB. Todos tendrán la oportunidad de presentar sus explicaciones y ejercer su derecho a la defensa mientras avanza la investigación.
Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, fue directo al explicar el alcance de la actuación. «Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad», afirmó. El organismo anunció que continuará realizando este tipo de actuaciones para verificar el adecuado uso de los recursos del Distrito y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas.
Los detalles cuentan la historia. Más de cinco millones de consultas en cuatro años no es un error administrativo menor ni un descuido puntual: es un patrón sostenido de gasto que, de confirmarse innecesario, habría sobrevivido a distintas administraciones y a distintos funcionarios sin que nadie detuviera la factura. La trastienda de este caso es la pregunta que la Contraloría todavía no ha respondido oficialmente pero que ya está sobre la mesa: ¿quién sabía que las plataformas propias bastaban, y por qué se siguió pagando de todas formas?
Para Hemisferio, el caso ilustra con precisión quirúrgica el costo real de la burocracia sin controles internos efectivos. No hace falta corrupción demostrada para que el dinero de los contribuyentes se evapore: basta con la inercia institucional, los contratos que se renuevan sin que nadie pregunte si siguen siendo necesarios y la ausencia de incentivos para que un funcionario levante la mano y diga que hay una forma más barata de hacer lo mismo. Que sea la Contraloría —y no la propia Secretaría— quien haya detectado el problema dice tanto como los seis mil millones en cuestión. El aparato estatal rara vez se audita a sí mismo.
