La crisis financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, ya no se discute solo en los despachos del sistema educativo. Llegó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría después de la denuncia radicada por la exministra Viviane Morales sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la salud de los docentes y sus beneficiarios.
La Procuraduría ya abrió una indagación previa. Y la escena lo dice todo: un fondo creado para sostener la atención médica de los maestros terminó bajo sospecha por la forma en que se administran sus cuentas, sus pagos y sus reservas.
Morales presentó el documento el 4 de septiembre, una semana antes de dejar el cargo. Allí advirtió sobre un modelo que, durante el gobierno de Gustavo Petro, fue presentado para fortalecer la prevención, eliminar barreras de acceso y garantizar la libre elección de los prestadores de salud. Pero el diseño de pago por servicios prestados, en lugar de una cuota fija mensual, habría contribuido al aumento de los costos de atención y a la acumulación de obligaciones pendientes de pago.
Los números que aparecen en la denuncia son duros. A junio de 2026, el FOMAG registraba un patrimonio negativo de $3,2 billones, con activos por $5,11 billones y obligaciones por $8,31 billones. En paralelo, para 2026 el fondo tenía presupuestados $3,83 billones para salud, pero las necesidades de gasto fueron estimadas en $5,31 billones, lo que deja un faltante de $1,48 billones.
El cuadro se agrava con las cuentas por pagar a la red de prestadores de salud: $1,46 billones, de los cuales $1,21 billones correspondían a obligaciones con una antigüedad superior a tres meses. Para cualquier sistema, esa acumulación de deuda es una señal de tensión operativa y de un deterioro en la capacidad de respuesta.
La trastienda del problema también pasa por la caja. La Fiduprevisora, que desde el 1 de mayo de 2024 administra el FOMAG, planteó trasladar $1,1 billones al componente de salud del fondo. Esos recursos provendrían de las pensiones y cesantías de los docentes. Pero la Junta Directiva del FOMAG no aprobó la propuesta en una sesión realizada en agosto de 2026.
Morales añadió otra capa de alarma: según su denuncia, el FOMAG tiene $891.000 millones correspondientes a deudas de años anteriores que no fueron reconocidas contablemente y que no cuentan con los soportes necesarios para acreditar esas obligaciones.
A eso se suman, dijo, cerca de 256.000 millones pagados de forma irregular por una prima especial a docentes pensionados y 809.000 millones añadidos sin sustento técnico y sin autorización del consejo directivo a las cuentas de cierre de los contratos del modelo de salud anterior.
En este punto, el problema ya no es solo de contabilidad. También es de gobernanza, de control y de confianza en el uso de dinero que sale del sistema y termina atrapado en una red de obligaciones crecientes. Cuando un fondo entra en la lógica de cubrir huecos con traslados internos, la presión cae sobre el contribuyente, sobre los afiliados y sobre la sostenibilidad misma del servicio.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: una denuncia formal, una indagación previa y cifras que muestran un fondo tensionado por déficit, deuda acumulada y decisiones financieras que aún no aclaran quién protege realmente el dinero de los maestros. En ese terreno, cada peso mal asignado se convierte en menos atención, más demora y mayor dependencia del aparato estatal.
La discusión de fondo es incómoda pero inevitable. Un sistema de salud para docentes no puede sostenerse sobre obligaciones que crecen más rápido que los recursos disponibles ni sobre mecanismos que terminan usando pensiones y cesantías para tapar faltantes. Si las cifras denunciadas se confirman, el costo no será solo fiscal: será de credibilidad institucional y de servicio para miles de maestros y sus beneficiarios.
El desenlace todavía no está escrito, pero la señal política sí. El Estado administra mal cuando el fondo destinado a cuidar a los docentes termina convertido en un problema más grande que la enfermedad que pretendía cubrir. Y ahí, más que discursos sobre garantías, lo que importa es quién responde por el dinero y quién asume la factura.
