La escena lo dice todo. Millones de niñas y niños mexicanos entran cada mañana a un salón de clases donde el teléfono en el bolsillo compite, en silencio, con el maestro al frente. No es un problema nuevo, pero sí uno que el sistema educativo del país ha tardado en enfrentar con seriedad.
El Gobierno de México ha abierto un debate nacional sobre el uso de dispositivos digitales, redes sociales e inteligencia artificial en la educación. La decisión, según la columna de opinión publicada por Mexicanos Primero en El Financiero, «representa una oportunidad que conviene aprovechar». La pregunta es si esa oportunidad se traducirá en una política real o quedará, como tantas veces, en una consulta sin consecuencias.
El diagnóstico de fondo no es nuevo, pero sigue siendo urgente. Las tecnologías digitales —y los dispositivos móviles en particular— forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. La evolución ha sido vertiginosa: de los medios analógicos y audiovisuales, al internet, los dispositivos móviles, las plataformas de redes sociales y, ahora, la inteligencia artificial. Cada salto tecnológico ha llegado antes de que las escuelas terminaran de procesar el anterior.
El debate internacional ofrece distintas respuestas. Algunos países han restringido el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar; otros han optado por regulaciones flexibles o por otorgar mayor autonomía a las escuelas. Sin embargo, detrás de esas diferencias hay un consenso creciente: los beneficios de las tecnologías dependen de las condiciones en que se utilizan, de las decisiones pedagógicas que las orientan y de la capacidad de los sistemas educativos para acompañar a docentes, estudiantes y familias.
Eso exige, en primer lugar, fortalecer la formación de los maestros. Son ellos quienes toman las decisiones pedagógicas fundamentales: cuándo utilizar una herramienta digital, cuándo prescindir de ella y cómo convertirla en una oportunidad para el pensamiento analítico, la creatividad y la resolución de problemas. Sin maestros bien formados y bien acompañados, cualquier política tecnológica se convierte en gasto sin resultado.
También exige reconocer que las familias necesitan educación digital. No basta con que el sistema les pida que «acompañen» a sus hijos si no les da información sencilla y basada en evidencia sobre cómo las plataformas digitales influyen en la atención, las emociones y el desarrollo de los menores.
Y exige, además, reducir las brechas. Una política educativa que no cierre la desigualdad de acceso —conectividad, equipamiento, recursos pedagógicos— en las escuelas de mayor marginación no es una política nacional: es una política para los que ya tienen.
Los detalles cuentan la historia. El texto de Mexicanos Primero subraya que la discusión sobre tecnología digital «no es, en el fondo, una discusión sobre tecnología; es una discusión sobre educación». La escuela, argumenta, no está para competir con las plataformas digitales. Su responsabilidad es formar personas capaces de comprenderlas, cuestionarlas y utilizarlas con criterio.
Ese cambio de perspectiva es el más importante de todos, y también el más difícil de sostener cuando la política pública tiende a medir éxito por la cantidad de tablets repartidas o de aulas conectadas, no por lo que los estudiantes aprenden.
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Para Hemisferio, el fondo de este debate es más amplio que los teléfonos en el salón de clases. México lleva años construyendo una reforma educativa que ha privilegiado el control ideológico del currículo sobre la calidad del aprendizaje. En ese contexto, la apertura de un debate nacional sobre tecnología puede ser genuina o puede ser otra pantalla —literal y figurada— detrás de la cual se evita la pregunta central: ¿por qué los estudiantes mexicanos aprenden tan poco?
Una política de cultura digital basada en evidencia, con evaluación permanente y orientada por el interés de los estudiantes, sería un avance real. Pero esa política requiere algo que el aparato estatal mexicano ha demostrado resistir con tenacidad: rendición de cuentas, autonomía escolar y espacio para que la libre empresa y la sociedad civil participen en la solución. El debate está abierto. La pregunta es quién lo va a ganar.
