La escena lo dice todo. Cuando el proyecto de megarreforma laboral llegó al Senado chileno, uno de sus artículos más costosos era un crédito tributario al empleo de alcance universal: US$ 1.500 millones al año de impacto fiscal, una cifra que concentraba buena parte de las críticas al texto. Lo que salió del Congreso esta semana fue algo distinto, más acotado y, según sus defensores, más estratégico.
La ley aprobada establece un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría para las empresas que exporten servicios del conocimiento en la economía digital. El mecanismo permite imputar el 15% de las remuneraciones de los trabajadores elegibles. El costo estimado de esta versión focalizada: más de US$ 100 millones al año, una fracción del diseño original.
Las condiciones del beneficio
Según las definiciones del Ministerio de Hacienda, el crédito aplica a servicios basados en el conocimiento desarrollados por trabajadores con calificación técnica o profesional, con uso intensivo de tecnología de la información. El requisito central —y excluyente— es que los servicios sean entregados a distancia, por medios digitales, electrónicos o de telecomunicaciones, a personas sin domicilio ni residencia en Chile.
La remuneración del trabajador que acceda al beneficio no podrá superar el equivalente a 75 Unidades Tributarias Mensuales, cifra que hoy equivale a unos $5,3 millones brutos mensuales. El crédito general del 15% se incrementa en 5 puntos porcentuales adicionales para empresas con casa matriz o sucursales fuera de la Región Metropolitana, o en comunas rurales de esa misma región.
Los sectores contemplados incluyen desarrollo de software, servicios cloud, aplicaciones, ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia artificial, soporte tecnológico remoto, animación digital, videojuegos, producción audiovisual, diseño, publicidad, educación a distancia, asesoría en gestión administrativa y financiera, marketing y gestión de proyectos de ingeniería, entre otros.
El catálogo y la burocracia que viene
La determinación específica de los servicios elegibles se definirá mediante un decreto y un informe del Ministerio de Economía, que elaborará un catálogo actualizable anualmente. Hacienda abrirá un período de consulta pública de 15 días hábiles para que los contribuyentes puedan recomendar la inclusión de actividades. Desde el gobierno señalan que el catálogo ya está en elaboración para enviarlo a Contraloría «los antes posible» tras la publicación de la ley.
Cada cinco años, Hacienda deberá remitir al Congreso un informe sobre el impacto del crédito en el empleo, su efecto fiscal y el crecimiento de la industria.
El universo y la apuesta
Hacienda estima que el universo actual afecto al crédito son 55.000 personas que trabajan en empresas exportadoras de servicios, realizando específicamente esa labor. El gobierno proyecta que el beneficio podría estimular un crecimiento del empleo en esa área de entre 1% y 2% anual, con foco en jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, argumentó que «la digitalización está ampliando las posibilidades de internacionalización de los servicios chilenos» y que el mayor beneficio para regiones «puede contribuir a descentralizar una actividad que hoy concentra cerca del 90% de sus exportaciones en la Región Metropolitana».
Hacienda eligió este sector porque sus análisis internos detectaron competencia regional directa: Argentina, Perú y Uruguay ya entregan exenciones y rebajas impositivas en el mismo campo. Chile, con una de las mejores conectividades de América Latina, busca no quedarse fuera de esa carrera.
La lectura de Hemisferio
El giro del crédito universal al crédito focalizado es, antes que nada, una victoria del sentido fiscal sobre la ambición redistributiva original. Reducir el costo de US$ 1.500 millones a poco más de US$ 100 millones no es un detalle: es la diferencia entre un incentivo de libre empresa y un subsidio masivo al aparato laboral. Que el beneficio llegue vía menor carga tributaria a las empresas, y no como gasto directo del Estado, apunta en la dirección correcta.
El riesgo real está en la trastienda burocrática: un catálogo definido por decreto, actualizable anualmente y sujeto a consulta pública de apenas 15 días hábiles, es una puerta abierta a la discrecionalidad. Quién queda dentro y quién queda fuera del listado no lo decidirá el mercado, sino funcionarios de Economía. Para una industria que vive de la agilidad y la innovación, esa dependencia del calendario administrativo chileno puede ser, paradójicamente, la mayor barrera de entrada.
