Para entender el presente hay que volver a esa semana de septiembre de 2026, cuando un colaborador cercano a la Casa Blanca decidió romper filas en público.
Benji Backer, quien según su propio relato trabajó estrechamente con el equipo del presidente y varios secretarios del gabinete para dar forma a la orden ejecutiva «Make America Beautiful Again», publicó una columna en la que concluye que la administración Trump ha producido «lo opuesto de lo que prometió» en materia de tierras públicas y parques nacionales.
Los detalles cuentan la historia. Backer enumera una serie de decisiones que, según él, se han tomado en contra de la mayoría de los votantes: recortes de personal en los parques nacionales, que según el texto son rechazados por alrededor del 86% de los estadounidenses; propuestas de venta de tierras públicas, opuestas por cerca del 90% de los votantes en los estados del oeste; retrocesos en la Ley de Especies en Peligro, rechazados por el 85% de los ciudadanos; y la eliminación de protecciones para el agua limpia, el aire limpio y los bosques nacionales.
La crítica no proviene de la izquierda. Backer se cuida de aclararlo desde el primer párrafo: no es de quienes se habrían opuesto a cualquier medida ambiental del presidente por principio partidista. Su argumento es, precisamente, el contrario: que proteger el entorno natural es una postura «pro-estadounidense» con raíces bipartidistas, desde Theodore Roosevelt hasta Richard Nixon, quien firmó la Ley de Aire Limpio.
El punto más incómodo para la Casa Blanca es el contraste que Backer establece con el primer mandato. Según el texto, el acto más popular de Trump en su primer período fue la firma de la Great American Outdoors Act, descrita como «la mayor inversión en nuestros parques nacionales de la historia». Ahora, escribe Backer, «en un tema que podría unificar al país y ganarle apoyo de todos los sectores, él y su equipo están deliberadamente caminando en dirección contraria».
Backer reconoce que dentro de la administración hay funcionarios que se preocupan por la conservación, pero sostiene que sus voces «están siendo ahogadas» por quienes actúan principalmente en oposición al Partido Demócrata y que, en su opinión, «nunca han pasado tiempo real en la grandeza de América».
La escena lo dice todo: un hombre que estuvo en esas salas, que creyó en el concepto, que hizo el caso ante docenas de funcionarios de la Casa Blanca, sale a decir que el resultado ha sido un fracaso. No como activista, sino como alguien que apostó su credibilidad a que la iniciativa funcionaría.
La advertencia política que cierra el texto es directa: «El Partido Republicano seguirá perdiendo votantes si no protege el medio ambiente, y debería».
Casi un tercio de toda la tierra de los Estados Unidos es de propiedad pública y está administrada por el gobierno federal, recuerda Backer. Esa cifra no es menor: es el perímetro del debate.
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La lectura de Hemisferio es esta: Backer tiene razón en el diagnóstico político, aunque no necesariamente en todas las soluciones implícitas. Un gobierno limitado y eficiente no está reñido con la conservación de los parques nacionales ni con el agua limpia; al contrario, la propiedad pública bien administrada es un activo del contribuyente, no un capricho burocrático. El problema no es que la administración haya buscado eficiencia; el problema, si los números que cita Backer son correctos, es que ha confundido desregulación con abandono.
La libre empresa prospera con reglas claras, no con ecosistemas degradados ni con comunidades que ven sus recursos naturales vendidos sin su consentimiento. Cuando el 90% de los votantes del oeste se opone a la venta de tierras públicas, eso no es alarmismo progresista: es una señal de mercado político que ningún partido debería ignorar. El costo de no escucharla se pagará en las urnas.
