La escena lo dice todo. Una madre revisa el reverso de una bolsa de ensalada prelavada, descarta las frambuesas frescas del carrito y anota en el teléfono qué marcas de alimentos infantiles evitar esta semana. No es hipocondría. Es el nuevo cálculo doméstico que emerge cuando el aparato federal de inocuidad alimentaria reduce su alcance.
En febrero de 2025, aproximadamente 89 personas fueron despedidas del programa de alimentos humanos de la FDA. Ese mismo mes, la agencia postergó 30 meses una norma que habría exigido rastrear alimentos contaminados y retirarlos de los estantes. El Departamento de Agricultura (USDA) retiró una regla diseñada para limitar la salmonela en aves de corral.
Los detalles cuentan la historia. Más de 15.000 empleados del USDA señalaron su intención de renunciar al aceptar la oferta presentada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). No satisfecha con eso, la agencia impulsó una reorganización que obligaría a trabajadores de Washington D.C. a trasladarse a centros regionales, medida que los sindicatos impugnaron en los tribunales como otro intento de desmantelar la institución.
En julio de 2025, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dejaron de rastrear de forma obligatoria seis patógenos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, entre ellos el Cyclospora. En noviembre, las inspecciones de instalaciones extranjeras de manufactura de alimentos alcanzaron mínimos históricos. Las quejas de los consumidores sobre seguridad en carne, aves y huevos —incluyendo casos como madera en perros de maíz— subieron un 40% durante el año fiscal 2025.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, las reglas de seguridad vehicular fueron revertidas e investigaciones de transporte canceladas. Las protecciones del aire y las vías navegables fueron recortadas drásticamente. El escrutinio a empresas tecnológicas predatorias fue relegado. El administrador de la EPA designado por Trump, Lee Zeldin, anunció recientemente que revertirá la norma de la era Biden que regulaba los llamados «químicos eternos» en el agua potable, sustancias ampliamente vinculadas al cáncer según la misma fuente.
La economista Corinne Low, autora del análisis publicado en Time, lo enmarca con precisión técnica: la seguridad alimentaria es un «bien público» clásico, más eficiente cuando lo provee el Estado que cuando cada hogar lo gestiona por su cuenta. «No podemos analizar la posible contaminación bacteriana o parasitaria de productos congelados o vegetales frescos sin un laboratorio», escribe. Un cuerpo de 18.000 funcionarios en la FDA puede parecer grande en abstracto; frente a 63 millones de padres estadounidenses cuyo tiempo y estrés dependen de ese sistema, la proporción cambia de signo.
El argumento progresista de Low merece ser leído con atención, incluso desde una perspectiva distinta. Tiene razón en un punto estructural: hay funciones que el Estado puede cumplir con economías de escala reales, y la vigilancia sanitaria de la cadena alimentaria es una de ellas. El libre mercado funciona mejor cuando los consumidores tienen información veraz y las empresas enfrentan consecuencias por contaminar. Eso requiere un árbitro con capacidad técnica.
Pero el análisis de la casa no puede detenerse ahí. Para entender el presente hay que volver a esa semana de febrero de 2025 y preguntarse qué tipo de Estado se estaba recortando. El aparato regulatorio federal estadounidense creció durante décadas con mandatos superpuestos, burocracia sedimentada y reglas cuya eficacia nadie auditaba con rigor. La pregunta legítima no es si el Estado debe garantizar inocuidad alimentaria —debe hacerlo— sino si el modelo institucional previo era el más eficiente para lograrlo, o si se había convertido en un fin en sí mismo.
Lo que los datos de 2025 muestran es que la reducción no vino acompañada de un rediseño más ágil: vino acompañada de mínimos históricos en inspecciones y de un aumento del 40% en quejas de consumidores. Ese es el resultado que importa. El principio en juego no es ideológico sino práctico: cuando el Estado abandona funciones que el mercado no puede sustituir —porque ningún consumidor individual puede analizar la carga parasitaria de una bolsa de espinacas— el costo no desaparece. Se traslada, silenciosamente, al tiempo y al bolsillo de las familias. Eso no es eficiencia; es contabilidad creativa a expensas del contribuyente más vulnerable.
