La escena lo dice todo. Tres veces al año, en marzo, julio y noviembre, cientos de familias panameñas hacen fila para recibir insulina, insumos y atención médica de manos de voluntarios. No es un programa gubernamental. Es la Fundación DiabetesLATAM.
En su jornada más reciente, la fundación atendió a 334 beneficiarios —33 de ellos nuevos— con el respaldo de 109 voluntarios. Cada entrega representa aproximadamente 1,500 dólares en servicios, insulinas e insumos por persona. Para 334 beneficiarios, la suma supera el medio millón de dólares. Todo ello sostenido por la sociedad civil, no por el aparato estatal.
Un registro que no existe
Los detalles cuentan la historia. Según el Ministerio de Salud, Panamá registraba en 2023 aproximadamente 200 mil personas con diabetes, de las cuales 1,755 tenían diabetes tipo 1 (DT1). Sin embargo, el T1D Index estima que la cifra real asciende a 4,100 personas con DT1, 900 de ellas menores de edad. La brecha entre ambas cifras no es un detalle menor: revela que Panamá carece de un registro nacional que distinga adecuadamente la DT1 de la DT2.
Sin datos confiables no hay política pública eficaz. Sin política pública, la carga recae sobre las familias y sobre organizaciones como DiabetesLATAM, que bajo la dirección de Pilar Gómez combina educación, apoyo emocional, seguimiento médico, exámenes clínicos y donación de insumos.
El peso en el bolsillo
Un estudio internacional de 2024, con participación de DiabetesLATAM, documentó los gastos y las dificultades de acceso a insulina e insumos entre participantes panameños con DT1. Los números son contundentes: una familia panameña destina hasta el 36% de sus ingresos mensuales a tiras reactivas e insulina. En hogares de menores ingresos, ese porcentaje escala al 81% y resulta, en la práctica, impagable.
La consecuencia no es abstracta. La interrupción del tratamiento puede ocasionar complicaciones tempranas y muertes prematuras. La DT1 es una condición autoinmune, sin cura e imposible de prevenir; exige insulina de por vida. Cuando los insumos faltan, se comprometen la salud, la educación, el trabajo y la tranquilidad de toda la familia.
Un anteproyecto en la Asamblea
En julio se presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto orientado a reducir las barreras financieras que enfrentan las personas con DT1, particularmente en el acceso a seguros de vida y crédito. La iniciativa parte de un principio básico: la diabetes tipo 1 no debe ser causa automática de exclusión.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El anteproyecto llega en un contexto en que la investigación científica sobre diagnóstico oportuno, control de glucosa, acceso a tecnologías y calidad de vida apenas comienza a sistematizarse en el país. Identificar brechas, medir avances y orientar políticas basadas en evidencia es, según los propios impulsores del proyecto, la única vía para construir soluciones duraderas.
Lo que está en juego
Hemisferio valora el esfuerzo de DiabetesLATAM precisamente porque ilustra algo que los defensores del gobierno limitado conocen bien: cuando el Estado no registra, no mide y no actúa con eficiencia, la sociedad civil llena el vacío —a veces con más agilidad y menos burocracia que cualquier ministerio—. El problema es que la solidaridad voluntaria, por admirable que sea, no puede sustituir indefinidamente a un sistema de salud que funcione.
El anteproyecto ante la Asamblea apunta en la dirección correcta si su objetivo es remover obstáculos regulatorios y abrir el mercado de seguros a personas con condiciones crónicas, en lugar de ampliar el gasto público sin rendición de cuentas. La pregunta que Panamá debe responder no es cuánto dinero adicional destinar, sino cómo eliminar las trabas que encarecen el acceso a insulina e insumos y cómo construir el registro nacional que hoy no existe. Sin ese dato básico, cualquier política de salud opera a ciegas.
