La escena lo dice todo. El 9 de diciembre de 2021, en el tercer mes de su mandato como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar recibió un mensaje urgente del canciller mexicano. En Tuxtla Gutiérrez, a unos 225 kilómetros del cruce fronterizo más cercano con Guatemala, un tráiler había volcado transportando a más de 160 migrantes guatemaltecos. Cincuenta y seis personas murieron. Más de cien quedaron gravemente heridas. Según Salazar, los llamados «coyotes» habían cobrado a cada migrante alrededor de 15.000 dólares para hacinarlo en el remolque durante días.
Días después, Salazar voló a Tuxtla y visitó el hospital. En la esquina de la UCI encontró a una joven madre —a quien llama Vanessa para proteger su identidad— con trauma severo en la cabeza, y a su hijo pequeño, Damián, milagrosamente ileso. Vanessa viajaba hacia Wisconsin, donde su marido trabajaba en una granja lechera. Damián nunca había conocido a su padre.
«El sistema migratorio que tenemos en América está roto. Muy roto», le dijo Salazar a Vanessa en su cama del hospital. La frase resume el argumento central de su artículo publicado esta semana en Time: décadas de parálisis bipartidista han convertido la frontera en una trampa mortal y en un arma electoral, pero ningún bando ha tenido ni la voluntad ni el poder para repararla.
La admisión tiene peso político. Salazar, ex secretario del Interior con Obama y embajador con Biden, reconoce que advirtió a los demócratas que la falta de acción en la frontera contribuiría a su derrota en noviembre de 2024. «Lamento decir que tuve razón», escribe.
Sobre la administración Trump, Salazar concede un punto: la frontera estaba rota y necesitaba atención. Pero rechaza el enfoque actual. Cita el caso de Lorenzo Salgado Araujo, propietario de una empresa de construcción de 52 años, padre de tres ciudadanos estadounidenses y residente en el país por más de tres décadas, quien según Salazar fue baleado y muerto por un agente del ICE en Houston mientras conducía a su cuadrilla a una obra, sin ser el objetivo de la operación. El incidente, dice, desencadenó protestas, llamados a una investigación independiente y un anuncio de México de que emprendería acciones legales.
La propuesta de Salazar es la creación de lo que llama una «Nueva Alianza Americana»: un marco trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá para gestionar conjuntamente fronteras, migración y vínculos económicos. Subraya que no propone borrar fronteras ni diluir identidades nacionales, sino coordinar donde la cooperación fortalezca a los tres países. Menciona que ha sostenido conversaciones con posibles candidatos demócratas a la presidencia de 2028 y que está dispuesto a hablar con republicanos e independientes.
Los detalles cuentan la historia, y aquí los detalles son reveladores por lo que omiten. El texto de Salazar no cuantifica cuántos cruces ilegales ocurrieron durante la administración Biden, no menciona las cifras de encuentros en la frontera durante ese período ni explica cómo una «alianza continental» resolvería los incentivos que llevan a familias a pagar 15.000 dólares a redes criminales. La arquitectura institucional de esa alianza queda sin precisar.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de diciembre de 2021. El accidente de Tuxtla no fue una anomalía: fue el síntoma de un mercado negro de movilidad humana que prospera exactamente donde el Estado falla o donde las reglas son ambiguas. Cuando los canales legales son escasos o lentos, y cuando la señal política es que cruzar sin documentos tiene consecuencias manejables, el negocio de los coyotes florece. Eso no lo creó Trump ni lo inventó Biden; lleva décadas construyéndose con la complicidad pasiva de ambos partidos, tal como el propio Salazar reconoce.
Lo que Salazar no termina de articular —quizás porque su audiencia electoral de 2028 no lo permitiría— es que el orden en la frontera y la libre empresa no son contradictorios: son complementarios. Un sistema migratorio predecible, con reglas claras y cumplidas, beneficia tanto al trabajador que quiere llegar legalmente como al empleador que necesita mano de obra y al contribuyente que financia los servicios públicos. La soberanía no es un obstáculo para la prosperidad compartida; es su condición. Cualquier «nueva alianza» que no empiece por ese principio seguirá siendo, en el mejor de los casos, una buena intención con destino a la UCI.
