La escena lo dice todo. Argentina acaba de cerrar una campaña récord en trigo y en maíz, y una muy buena temporada de soja. El contador total llegó a 163 millones de toneladas. Y sin embargo, el diagnóstico de Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, no es de celebración sino de urgencia: el país deja sobre la mesa una ventaja competitiva enorme, y la razón tiene nombre preciso.
«Brasil tiene peores campos que nosotros, pero logra más rendimientos en soja que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene tecnología que nosotros no tenemos, por un tema de respeto a la propiedad intelectual», afirmó Farinati en una entrevista con La Nación. La frase resume décadas de una paradoja argentina: suelo privilegiado, productividad rezagada.
El giro que cambió el negocio
Farinati describe una transformación de fondo en la lógica del productor agropecuario desde finales de 2023. Antes de la estabilización macroeconómica, dice, el negocio era esencialmente financiero: cómo comprar, cómo pagar, cómo vender. «Era un negocio más de inventario», resume. Ahora, con menor presión cambiaria y retenciones en proceso de revisión, el foco migró hacia la productividad: más rendimiento por hectárea, mejor genética, mejores insumos.
Ese cambio de lógica —del costo por hectárea al costo por tonelada— es exactamente el terreno donde Bayer compite. Para una compañía cuyo negocio en el Cono Sur es 80% agro, el contexto actual es, en palabras del propio ejecutivo, «positivo».
Pero hay nubarrones en el corto plazo. El 50% del nitrógeno que se usa en Argentina proviene de Omán, vía el estrecho de Ormuz, y el 100% del fósforo llega desde Marruecos. La presión sobre el precio de los fertilizantes afecta especialmente al trigo y al maíz, grandes consumidores de nitrógeno. Los detalles cuentan la historia: la dependencia de insumos importados es otra variable que el país no controla.
La trastienda de la propiedad intelectual
El punto más sensible de la conversación es el régimen de semillas. Por ley argentina, el productor tiene derecho a guardar parte de su cosecha y resembrarla al año siguiente —el llamado «uso propio»—. En soja y trigo, esa práctica es extendida. En Brasil, Australia o Estados Unidos, el productor compra semilla certificada cada temporada o paga una regalía al desarrollador.
Esa diferencia, según Farinati, desincentiva la inversión en mejoramiento genético dentro del país. «Históricamente el productor hizo mucho uso propio, lo que desincentivó la inversión en mejorar semillas», señaló. La solución que propone Bayer es la adhesión de Argentina al tratado internacional UPOV-91, que establece un estándar más elevado de protección a la propiedad intelectual en semillas.
El debate no es nuevo, pero vuelve con fuerza en un momento en que el gobierno de Milei ha puesto la desregulación y la atracción de inversiones en el centro de su agenda. La industria semillera lleva años reclamando ese marco. Los productores, en cambio, defienden el uso propio como un derecho histórico.
El horizonte de los 200 millones
Para llegar a los 200 millones de toneladas de cosecha, Farinati identifica dos motores: mayor uso de tecnología —fertilización, mejor calidad de semillas— para aumentar la producción por hectárea, y la incorporación de nuevas áreas. Menciona el norte de la Patagonia como una región con potencial ligado a infraestructura de riego. «Desde el punto de vista de la inversión en infraestructura y riego, la Argentina está completamente inexplotada», dijo.
Hay además una oportunidad de valor agregado que el país sistemáticamente desaprovecha. Argentina exporta el 60% del maíz que produce en forma de grano. Brasil exporta el 25% y Estados Unidos el 12%; el resto lo transforman en biocombustibles, carne u otros productos. «La Argentina tiene una oportunidad enorme en transformar en valor mucho de lo que produce», advirtió el ejecutivo.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que Argentina celebraba sus récords sectoriales sin terminar de resolver la pregunta de fondo: ¿cuánto vale un marco legal que proteja la innovación?
La respuesta no es solo económica. Es una pregunta sobre el modelo de país. Un régimen de propiedad intelectual débil en semillas no perjudica solo a las multinacionales del agro; retrasa la llegada de variedades más resistentes a la sequía, más productivas, más eficientes en el uso de insumos. El productor que guarda semilla hoy ahorra un costo inmediato y paga, sin saberlo, un costo diferido en competitividad.
La libre empresa necesita reglas claras para invertir. Sin ellas, el campo argentino seguirá dependiendo de que llueva en el momento justo, mientras Brasil —con peores suelos, insiste Farinati— sigue ganando terreno en los mercados globales.
