La escena lo dice todo. Cada mañana, antes de que abra cualquier mercado, el sistema penitenciario panameño ya ha servido decenas de miles de desayunos pagados íntegramente por el contribuyente. Son más de 70,000 raciones diarias para una población de 24,130 personas privadas de libertad — 23,417 hombres y 713 mujeres, según la Dirección General del Sistema Penitenciario — y la factura anual ronda los $50 millones.
El diputado Augusto Palacios, de la bancada Vamos y representante del circuito 4-1 de Chiriquí, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que crea el Programa para la Producción Alimentaria en los Centros Penitenciarios. La propuesta es directa: que las cárceles panameñas cultiven, críen o produzcan parte de los alimentos que consumen sus internos, en lugar de depender por completo del aprovisionamiento externo financiado por el aparato estatal.
Los números que Palacios llevó al hemiciclo son elocuentes. El Estado destina cerca de $5.50 por persona al día solo en alimentación. El costo total por recluso — alimentación, salud, seguridad y administración — ronda los $40 diarios y puede escalar hasta $90 cuando hay atención médica especializada. Con una población penitenciaria que supera los 24,000 internos, la presión sobre el presupuesto público es permanente y creciente.
Un complemento, no un sustituto
El anteproyecto es cuidadoso en un punto que sus críticos potenciales señalarían de inmediato: la producción penitenciaria no reemplaza la obligación del Estado. El texto lo deja explícito — el gobierno sigue obligado a garantizar alimentación adecuada, suficiente y balanceada, con o sin cosecha propia. Lo que se propone es un complemento que reduzca la dependencia total del aprovisionamiento externo y, con ello, parte del gasto.
La rectoría del programa recaerá en la Dirección General del Sistema Penitenciario, bajo el Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Salud. La fase piloto se ejecutará en el Centro Penitenciario de Chiriquí — el distrito del propio Palacios — y doce meses después el Ministerio de Gobierno deberá entregar un informe técnico que mida producción, costos, indicadores de eficiencia e impacto ambiental antes de decidir si el modelo se extiende al resto del país.
El texto habilita varios sistemas de producción: agrícola, pecuario, avícola, acuícola, hidropónico, acuapónico y agricultura protegida. La elección dependerá del clima, la infraestructura disponible, el acceso al agua y el presupuesto de cada centro.
Trabajo formativo, no relación laboral
Los privados de libertad que participen no tendrán contrato ni relación laboral con el Estado. El anteproyecto define su participación como formativa, productiva y ocupacional, sujeta a criterios de conducta, salud y evaluación de riesgos. El texto prohíbe expresamente que la participación se use como castigo o como condición para ejercer derechos, y veda cualquier forma de explotación o trato degradante.
A cambio, los participantes podrán acceder a capacitación técnica en agricultura sostenible, manejo de plagas, riego, bioinsumos e inocuidad alimentaria, con certificaciones otorgadas por instituciones académicas o técnicas. El Ministerio de Gobierno podrá firmar convenios con universidades para pasantías de estudiantes de carreras agropecuarias.
Si la producción supera el consumo interno, el anteproyecto prevé tres destinos: redistribuir el excedente a otras cárceles, donarlo a bancos de alimentos o programas sociales, o venderlo. Los ingresos de esas ventas alimentarían un Fondo de Autogestión para la Producción Alimentaria Penitenciaria, administrado por el Ministerio de Gobierno y destinado exclusivamente a sostener el programa. El anteproyecto cita como referencia el Plan Cero Ocio de El Salvador, además de modelos productivos penitenciarios en España, Brasil y Costa Rica.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a ese dato de partida: $50 millones anuales en alimentación penitenciaria, financiados por los contribuyentes panameños. La iniciativa de Palacios no es una revolución presupuestaria, pero sí una señal de que el debate sobre la eficiencia del gasto carcelario ha llegado al hemiciclo con cifras concretas sobre la mesa.
Lo que el anteproyecto pone en juego es doble. Por un lado, la posibilidad real de aliviar parte del costo que recae sobre el erario, con un modelo que se probará durante un año antes de expandirse — una cautela metodológica que merece reconocimiento. Por el otro, la oportunidad de ofrecer a los internos herramientas productivas y certificaciones técnicas que tengan valor fuera de los muros. Si el piloto en Chiriquí arroja los resultados que sus promotores anticipan, el gobierno de Mulino tendría en sus manos un argumento concreto de que orden y eficiencia fiscal no son objetivos contradictorios.
