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El corredor del crimen: CDMX y Edomex coordinan fuerzas en la frontera que más preocupa

Las dos entidades más pobladas del país se reunieron en el C5 mexiquense para compartir operativos e inteligencia en zonas limítrofes. El gobierno estatal reporta una disminución de 30.18% en delitos de alto impacto en el primer semestre.
Imagen ilustrativa
domingo 2 de agosto de 2026

La escena lo dice todo. En el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano —el C5— de Toluca, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se sentó frente a las pantallas junto al Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y al Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo. El motivo: homicidios, robo de vehículos, extorsión y despojo en la franja que une —y a veces confunde— a las dos entidades más pobladas del país.

La reunión no fue un acto protocolario. Según la información difundida por las propias autoridades, el encuentro produjo acuerdos concretos: revisión de operativos activos, mayor coordinación metropolitana en materia de seguridad y ampliación de capacidades tecnológicas de ambas entidades. «Abordamos puntos clave para reforzar operativos e inteligencia en zonas limítrofes. Construir una estrategia compartida por la seguridad regional», escribió Castañeda Camarillo en redes sociales.

Al encuentro también asistieron el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero; el Secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho; la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján; y representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de Seguridad capitalino. Una mesa amplia, con el mapa del corredor metropolitano al centro.

El dato que las autoridades pusieron sobre la mesa es el más relevante del comunicado: el Estado de México reporta una disminución general de 30.18 por ciento en delitos de alto impacto entre el primero de enero y el 30 de junio. La cifra abarca los rubros que más preocupan a los habitantes de la zona conurbada —homicidio, robo de vehículos, extorsión y despojo—, aunque la fuente no desglosa el porcentaje por cada delito.

Duarte Olivares, al agradecer la participación de la fiscal Alcalde Luján y de Cravioto, añadió una referencia política que no pasó inadvertida: «Como lo ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la #4T trabajamos en unidad». La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, no estuvo presente en la reunión, pero Castañeda Camarillo subrayó que ella «ha convocado a unir esfuerzos, porque es y será siempre una prioridad brindar la paz y seguridad que las familias mexiquenses merecen».

Los detalles cuentan la historia. La elección del C5 de Toluca como sede —y no de la capital federal— es un gesto de geometría política: el Estado de México recibe a la CDMX en su propio terreno de inteligencia, con sus propias pantallas y sus propias bases de datos. La ampliación tecnológica acordada apunta justamente a cerrar la brecha de información entre dos sistemas que durante años operaron en paralelo, sin intercambio fluido, mientras los delincuentes cruzaban libremente los límites administrativos.

Para entender el presente hay que volver a esa semana. La zona metropolitana del Valle de México concentra más de veinte millones de habitantes repartidos entre dos jurisdicciones con distintos presupuestos, distintas policías y distintas fiscalías. Esa fragmentación institucional ha sido, históricamente, uno de los principales activos de las organizaciones criminales que operan en el corredor. Una reunión de coordinación no resuelve esa arquitectura por sí sola, pero sí señala que el costo político de la descoordinación ya es insostenible para ambos gobiernos.

Desde Hemisferio, el balance merece una lectura sin entusiasmo fácil. Que dos administraciones del mismo signo político tarden años en sentarse a compartir inteligencia en la frontera más conflictiva del país dice más sobre la inercia burocrática que sobre la urgencia de las familias que viven en esa franja. La disminución de 30.18% en delitos de alto impacto, si se sostiene con auditoría independiente, sería un avance real; sin ese respaldo, es un número oficial en un comunicado oficial. El aparato estatal puede coordinar operativos y ampliar cámaras, pero la seguridad duradera depende de instituciones fuertes, autónomas y con rendición de cuentas —no de cumbres que se anuncian en redes sociales.

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