La escena lo dice todo: un lunes, con el juicio ya en el calendario para el día siguiente en un tribunal federal de Miami, el presidente Abelardo de la Espriella tomó el teléfono y llamó a su canciller, Omar Bula, y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo. El mensaje fue directo: evalúen el caso del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega y determinen qué acompañamiento puede ofrecer el Estado.
Desde este martes 8 de septiembre, Plazas Vega enfrenta en Florida un proceso civil por su posible responsabilidad en la tortura y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, ocurrida durante la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985. La demanda fue presentada en 2022 por tres hijas del magistrado —Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain— y busca establecer una responsabilidad civil, no penal, del militar retirado, quien reside en Florida.
"El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria", afirmó De la Espriella, quien fue más allá al calificar el proceso judicial que el militar enfrentó durante años en Colombia como una "persecución judicial infame y mentirosa". El mandatario sostuvo que ahora el "litigio estratégico" persigue al oficial fuera de las fronteras del país.
Los detalles cuentan la historia de un caso que arrastra tres décadas. Plazas Vega fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión por desaparición forzada, pena que cumplió en parte —más de ocho años privado de la libertad— antes de que la Corte Suprema de Justicia lo absolviera en diciembre de 2015. Por esa privación de libertad pidió después una millonaria indemnización al Estado colombiano.
El nuevo frente, sin embargo, no es una reapertura del proceso penal cerrado en Colombia. Es un proceso civil ante la justicia estadounidense, impulsado por el Center for Justice and Accountability (CJA), una organización que litiga casos de tortura y crímenes de guerra ante tribunales de distintos países. La familia Urán sostiene que un video en el que el magistrado aparece con vida saliendo del Palacio, junto con elementos de identificación hallados después en instalaciones militares, respaldan su acusación contra el coronel retirado.
El pronunciamiento presidencial llegó, además, en medio de una visita a Colombia de Marco Rubio, un dato que la Casa de Nariño no dejó pasar por alto al fijar postura sobre el caso justo un día antes de la audiencia en Miami.
"Los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones", dijo De la Espriella, quien fijó además una línea de conducta para lo que resta de su gobierno frente a procesos similares: "La aproximación a estos hechos no será la de dejar a su suerte a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas".
Para entender el presente hay que volver a esa semana de noviembre de 1985, cuando el M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia y el Ejército respondió con una operación de retoma que dejó decenas de muertos y desaparecidos. Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, salió herido del edificio y fue visto con vida mientras era escoltado por militares; su cuerpo fue hallado después entre las ruinas. Ese episodio, uno de los más oscuros de la historia reciente colombiana, sigue generando litigios casi cuarenta años después, ahora en cortes de otro país.
El respaldo de De la Espriella al coronel retirado no equivale a una intervención en el proceso judicial estadounidense, que sigue su curso independiente de la voluntad del Ejecutivo colombiano. Lo que el presidente ordenó fue una evaluación diplomática, no una defensa jurídica directa, aunque el mensaje político es inequívoco: su gobierno se distancia de la narrativa que durante años presentó a militares como Plazas Vega únicamente como perpetradores, y reclama para ellos el reconocimiento de haber actuado, según sostiene, en cumplimiento del deber.
Esa postura contrasta con la de administraciones anteriores, más inclinadas a acompañar los reclamos de las víctimas del Palacio de Justicia que las de los militares señalados. El giro no borra los hechos judiciales ya establecidos —la condena inicial, la posterior absolución, la demanda civil ahora en curso— pero sí anuncia un Estado dispuesto a plantarse del lado de sus uniformados cuando estos enfrenten litigios en el exterior por actuaciones atribuidas al ejercicio de sus funciones.
El desenlace del juicio en Miami determinará si esa responsabilidad civil queda establecida o no. Mientras tanto, la disputa por el relato —entre quienes ven en Plazas Vega a un chivo expiatorio de la izquierda judicial y quienes ven en él a un responsable que eludió la justicia penal por absolución— seguirá librándose tanto en los tribunales como en la política colombiana.
