La escena lo dice todo. El 10 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, una vez concluida la Copa Mundial de Futbol —prevista para el 19 de julio—, su gobierno abrirá un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial y las plataformas digitales. Días después, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados publicó el documento «Temas legislativos por abordarse en el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura» y confirmó que esa discusión es ya una prioridad formal del bloque mayoritario.
El texto es escueto en detalles pero generoso en alcance. La propuesta contempla analizar el funcionamiento, control, riesgos y beneficios de la inteligencia artificial y las plataformas digitales, con énfasis particular en sus efectos sobre la salud mental y la «adicción digital» de niñas, niños y adolescentes. El diputado federal Ricardo Monreal, figura central del oficialismo, cuenta con una iniciativa propia relacionada con inteligencia artificial, aunque el documento no detalla sus alcances.
La agenda no se agota ahí. Morena también contempla modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet, cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y un paquete de reformas anticorrupción impulsado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Según el mismo documento, ese paquete anticorrupción lleva en proceso de trabajo desde febrero y el Congreso aguarda avances para continuar su análisis.
La presidenta Sheinbaum ofreció la primera señal pública del rumbo el 10 de julio. «El uso excesivo de las pantallas genera muchos problemas en las niñas, los niños y los jóvenes, incluso problemas asociados a la adicción a la pantalla que pueden ser muy graves en su desarrollo y en su formación», afirmó. También planteó si la prohibición de celulares en escuelas de educación básica —ya adoptada por varios estados— debería extenderse a nivel nacional: «Es un tema muy importante decidir si vamos sobre esa vía para toda la República», dijo.
Los detalles cuentan la historia. El proceso se diseñó en dos tiempos: primero el debate público con participación del Congreso, especialistas y sociedad; luego la iniciativa legislativa. El calendario político lo amarra al Mundial: mientras México sea sede de atención colectiva, el expediente espera. El 19 de julio es la fecha bisagra.
Lo que aún no está definido —y es el núcleo del problema— es el alcance real de las medidas. El documento reconoce que «falta definir el alcance de las medidas que podrían aplicarse a plataformas y sistemas de inteligencia artificial». En ese espacio en blanco caben desde recomendaciones de uso hasta obligaciones de moderación de contenidos, pasando por restricciones de acceso o requisitos técnicos para operar en México.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La coincidencia entre el anuncio presidencial y la publicación del documento parlamentario no es casual: es coordinación. Morena llega al próximo periodo ordinario con una agenda tecnológica que, por primera vez, pone a la inteligencia artificial y a las redes sociales en el mismo cajón que la propiedad industrial y la anticorrupción. La pregunta que el documento no responde es quién define los criterios de «control» y quién los aplica.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la preocupación es legítima y el diagnóstico sobre menores no carece de sustento empírico. Pero la historia de las regulaciones digitales impulsadas por gobiernos con mayorías legislativas propias —y con un historial de uso del aparato estatal para presionar a medios y plataformas— aconseja leer con atención la letra chica que todavía no existe. Cuando el Estado decide qué contenidos son «adictivos» o qué plataformas merecen «control», la libre empresa y la libertad de expresión quedan expuestas a un riesgo que no se resuelve con buenas intenciones. El debate que Morena promete abrir después del Mundial será la prueba.
