Los detalles cuentan la historia.
El mes pasado, el Departamento del Interior de la administración Trump pagó mil millones de dólares a TotalEnergies para que abandonara dos contratos de arrendamiento de energía eólica marina frente a las costas de Nueva York y Carolina del Norte, proyectos que habrían abastecido a casi un millón de hogares. Siete estados demandaron a la administración Trump por esa decisión.
Al mismo tiempo, el Departamento de Energía de la administración Trump ordenó a seis plantas envejecidas que permanecieran operativas más allá de su retiro planificado. Una sola planta en Michigan acumuló más de 180 millones de dólares en costos —más de 600,000 dólares por cada día que permaneció abierta a la fuerza—, trasladados a clientes en 11 estados. Un análisis independiente estimó que el programa completo podría costarles a los usuarios de todo el país entre 3,000 y 6,000 millones de dólares al año. Tres de las cinco plantas de carbón forzadas a mantenerse abiertas ni siquiera estaban produciendo electricidad.
Ese es el doble movimiento que describe David Kieve, analista y exfuncionario demócrata, en un artículo publicado por Time: el aparato estatal paga para que no se construya nueva oferta y, a la vez, subsidia oferta vieja e ineficiente. El contribuyente financia ambos extremos.
El contexto de fondo es de demanda récord. El consumo eléctrico de Estados Unidos alcanzó máximos históricos este año y se prevé que siga creciendo conforme se expande la infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial. Las facturas de electricidad en Pensilvania —el segundo mayor productor de gas natural del país— subieron 31% desde 2020, por encima del promedio nacional. Casi uno de cada cuatro pennsilvanos dijo haber tenido dificultades para pagar una factura energética en 2024. Una mujer en Virginia Occidental tuvo que pedir un préstamo este invierno para cubrir una factura eléctrica mayor que su sueldo, según consigna la misma fuente.
Las encuestas citadas por Kieve en distritos en disputa muestran que el 70% de los votantes se opone a las acciones que la administración Trump y sus aliados han tomado en materia energética; el 69% se opone a cancelar proyectos eólicos y solares; el 69% se opone a nuevas reglas que dificulten la construcción de energía renovable; y por una proporción de dos a uno, los votantes prefieren nueva energía limpia sobre nuevas fuentes fósiles para cubrir la demanda creciente. Incluso un tercio de los republicanos comparte esa preferencia.
Kieve escribe desde una posición demócrata explícita —su texto es un manual de campaña para candidatos de ese partido— y su argumento central es que los demócratas tienen una apertura electoral si dejan de hablar como académicos de política y empiezan a hablar como consumidores. Señala que candidatas como Mikie Sherrill en Nueva Jersey y Abigail Spanberger en Virginia adoptaron una versión de ese mensaje —exigir que las grandes empresas tecnológicas y los usuarios industriales paguen su parte de la expansión de la red— y que ambas ganaron, según la fuente, sin sonar como candidatas climáticas.
El propio Kieve reconoce que el mensaje del secretario de Energía Chris Wright —los combustibles fósiles como camino a la «dominancia energética»— cayó plano en sus grupos de enfoque: los votantes describieron ese planteamiento, de forma espontánea, como «sacado de 1986».
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Hemisferio lee este cuadro con un principio que el artículo de Kieve no formula, aunque sus propios datos lo ilustran con precisión: el problema no es ideológico sino estructural. Cuando el Estado interviene en el mercado energético en ambas direcciones al mismo tiempo —pagando para cancelar oferta nueva y pagando para sostener oferta vieja— el resultado inevitable es que el contribuyente financia la ineficiencia dos veces, independientemente del color político de quien firma los cheques.
La lección que trasciende la coyuntura electoral estadounidense es más simple: los mercados energéticos funcionan mejor cuando el gobierno se retira de la ecuación de precios y deja que la competencia, la permisología ágil y la inversión privada determinen qué tecnología gana. Esa es la única forma de bajar la factura en el mostrador de la cocina que Kieve menciona al principio —y el único argumento que no caduca en la siguiente elección.
