La escena lo dice todo. En el cementerio de emergencia La Esperanza, a aproximadamente una hora de La Guaira, maquinaria pesada abre fosas mientras cada sepultura recibe una cruz y un código vinculado a un expediente forense. El procedimiento es ordenado. Los números, en cambio, son otra historia.
El doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026. Caracas y La Guaira concentraron los daños más graves. Desde entonces, dos conteos paralelos corren en direcciones opuestas y con una distancia que no para de crecer.
El balance oficial, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, registra 3.685 personas fallecidas y 16.740 heridas. Según el protocolo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, un fallecido solo ingresa a las estadísticas del Estado una vez que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) emite la documentación correspondiente. Primero actúa la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres en los escombros; luego el Senamecf determina causas de muerte y extiende las actas legales. El proceso tiene lógica técnica. El problema es quién controla la difusión del resultado.
Las cifras oficiales permanecen centralizadas por el Poder Ejecutivo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que el Estado Mayor de Emergencia fue activado para atender la crisis y rechazó las versiones sobre retrasos en la respuesta, al tiempo que denunció campañas de desinformación en plataformas digitales. El aparato estatal, fiel a su costumbre, administra el relato junto con la emergencia.
Del otro lado, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta más de 31.000 personas con las que no se ha logrado establecer contacto desde el día del sismo. Los reportes oficiales, por su parte, no incluyen un consolidado de personas que permanecen bajo estructuras colapsadas. La brecha entre ambas cifras no es un detalle técnico: es el espacio donde viven —o mueren— miles de familias sin respuesta.
Los organismos internacionales trabajan en ese mismo espacio. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS han apoyado el manejo de cuerpos mediante el suministro de bolsas para cadáveres, recomendaciones técnicas y el envío de tres contenedores refrigerados al puerto de La Guaira, además de dos crematorios adicionales. El asesor de la OPS/OMS, el doctor Mauricio Cerpa, confirmó estas acciones a medios internacionales, entre ellos Reuters.
Las condiciones en los refugios añaden otra capa de urgencia. Al menos 12.800 personas están alojadas en 87 refugios temporales distribuidos en Caracas y La Guaira, según el Clúster de Salud de Venezuela, con seguimiento de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Datos de la vicepresidencia social indican que 17.907 personas perdieron sus hogares. El doctor Cerpa advirtió sobre los riesgos derivados de la concentración de personas, el acceso limitado a agua potable y las deficiencias en saneamiento. El reporte de la OPS señala que «los servicios de salud nacionales están operando bajo una presión extrema debido al volumen de heridos y la escasez de insumos». Las autoridades evalúan campañas de vacunación selectiva para reducir el riesgo de brotes.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas mantiene el monitoreo de réplicas, aunque no participa en el conteo de víctimas. Las operaciones de rescate continúan con el apoyo de equipos internacionales enviados por distintos países.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que ocurre en Venezuela no es solo una tragedia sísmica: es el retrato de un Estado que concentra en sus propias manos tanto la respuesta humanitaria como la narrativa de sus consecuencias. Cuando el gobierno es a la vez el rescatista, el forense y el portavoz, la ciudadanía queda sin árbitro independiente. La brecha entre 3.685 muertos oficiales y más de 31.000 personas sin contacto no se explica solo por la complejidad técnica del conteo; se explica también por décadas de opacidad institucional y por un régimen que ha convertido la información en un recurso más a administrar.
Lo que está en juego es elemental: el derecho de las familias a saber. Ese derecho no lo otorga ningún Estado Mayor de Emergencia. Lo garantiza —o lo niega— la voluntad de rendir cuentas.
