La escena lo dice todo. Por un lado, investigadores marchando al Obelisco y una carta internacional rubricada por Premios Nobel que advierte sobre consecuencias «irreversibles» para la ciencia argentina. Por el otro, Daniel Salamone, presidente del CONICET, sentado frente a Infobae con una hoja de cifras y una frase que corta el debate: «Es falso que los científicos se estén yendo del país».
Para entender el presente hay que volver a esa tensión. Salamone no niega que hubo salidas. Las reconoce, pero las ubica en otro gobierno: «La mayor parte de quienes se fueron lo hizo en la última parte del gobierno anterior», afirmó, y señaló que presentó esos datos a los secretarios de Ciencia y Técnica de todas las provincias. El argumento es político tanto como estadístico.
Las cifras que esgrime la gestión
El titular del CONICET construye su defensa sobre números concretos. En 2024 ingresaron 1.750 becarios de la convocatoria previa —950 doctorales, 300 de finalización y 500 postdoctorales—. Las convocatorias siguientes sostuvieron 1.800 posiciones anuales. Para 2026, el nuevo llamado prevé 2.100 becas, lo que Salamone presenta como un aumento del 16,7% respecto del esquema anterior y como el doble de los valores históricos del organismo.
En materia de carrera científica, en 2025 se seleccionaron 400 postulantes para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico en distintas modalidades. Se reabrió además la convocatoria de Proyectos de Investigación Plurianuales para el período 2025-2027 y se lanzaron iniciativas interdisciplinarias orientadas a agroindustria, energía, minería, salud, agua e inteligencia artificial.
El dato que Salamone subraya con más énfasis es el de transferencia tecnológica: la facturación asociada a esa área creció más de 310% en 2024 respecto de 2023 y registró un nuevo incremento del 46% en 2025, acumulando una suba cercana al 400% en dos años. «La ciencia argentina puede generar conocimiento y, al mismo tiempo, valor», sostuvo.
En el plano internacional, en 2025 se financiaron 52 proyectos de cooperación, se establecieron nuevos convenios y se obtuvieron cerca de USD 1,87 millones en financiamiento externo. Se retomaron además campañas oceanográficas con buques como el ARA Austral y el Shenu.
La versión que el organismo no controla
Los detalles cuentan la historia, y algunos de ellos aparecen en la propia entrevista. Salamone admitió que el año pasado se asignaron fondos excepcionales a grupos de alto nivel, pero que muchos de esos investigadores —los que ahora encabezan los reclamos— no recibieron financiamiento este año. La gestión, explicó, busca beneficiar a una mayor cantidad de científicos con proyectos de impacto inmediato, «aun cuando eso implique menos publicaciones en revistas de alto impacto». Es una elección de política científica con consecuencias reales para quienes quedan fuera del nuevo esquema.
Las movilizaciones en distintos puntos del país, los testimonios de referentes del sector y la carta internacional firmada por Premios Nobel configuran un cuadro que el organismo no puede ignorar, aunque dispute su interpretación. La comunidad científica habla de recortes en becas, líneas de financiamiento, infraestructura y programas de investigación. Salamone responde con porcentajes de crecimiento. Ambos usan datos; no hablan exactamente del mismo objeto.
La lectura de Hemisferio
El debate sobre el CONICET ilustra una tensión que el ajuste fiscal inevitablemente produce: cuando el Estado reduce su perímetro, los sectores acostumbrados al financiamiento público reaccionan con alarma genuina, y los gestores responden con métricas de eficiencia. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que sí merece atención es el giro que Salamone describe: un organismo que históricamente midió su éxito en publicaciones de alto impacto ahora prioriza transferencia tecnológica y conexión con el aparato productivo. Ese cambio de brújula —de la ciencia como fin en sí misma a la ciencia como herramienta de desarrollo— es exactamente el tipo de reforma que el libre mercado lleva décadas reclamando a las instituciones públicas de investigación en América Latina. Si los números de transferencia tecnológica son reales y sostenibles, el CONICET estaría dejando de ser una carga para el contribuyente y convirtiéndose en un activo. Esa es la apuesta. El tiempo dirá si las cifras resisten el escrutinio.
