La escena lo dice todo. El miércoles 8 de julio, en la Sala Pedro Montt del Congreso de Chile, un puñado de tecnólogos y legisladores se sentaron a debatir una pregunta que, sola, resume el problema: ¿Estamos legislando para el futuro con herramientas del pasado?
El conversatorio, organizado por la Alianza por la Innovación Tecnológica (AiT), no fue un evento de protocolo. Fue, según sus organizadores, parte de un trabajo permanente para crear espacios de encuentro entre el sector público y el ecosistema tecnológico. La diferencia entre ambos mundos —el de los que crean y el de los que regulan— quedó expuesta desde la primera intervención.
Edmundo Casas, CEO de la empresa Kauel y divulgador en inteligencia artificial, llevó la presentación principal. Su diagnóstico fue directo: la IA no es una novedad, es una disciplina que se desarrolla desde hace décadas, pero que hoy avanza «a una velocidad sin precedentes». La consecuencia práctica de esa aceleración es que las normas que se diseñen ahora —con marcos conceptuales pensados para una realidad anterior— afectarán directamente el desarrollo económico, social y tecnológico del país.
«Por eso es fundamental legislar con una mirada de presente y de futuro, y no con políticas pensadas para una realidad del pasado», señaló Casas ante los asistentes.
El experto fue más lejos en un punto que suele quedar fuera de los titulares: la educación de los propios legisladores. Según detalló en su exposición, los parlamentarios necesitan comprender la materia que están regulando. No es una observación menor. Quien no entiende la tecnología que norma puede, con la mejor intención, frenar la innovación, desincentivar la inversión o crear vacíos legales que terminen perjudicando a los ciudadanos que pretendía proteger.
Miguel Ángel López, integrante de la AiT, explicó que la organización busca precisamente sensibilizar a las autoridades que aplicarán medidas con impacto directo en Chile. La premisa es que una discusión informada permite avanzar hacia políticas que fomenten la innovación y el bienestar ciudadano. Sin esa base, el riesgo es el opuesto: regulación reactiva, burocracia acumulada y un ecosistema tecnológico que busca condiciones más favorables en otro lugar.
Los temas sobre la mesa durante la jornada abarcaron múltiples áreas de interés normativo, desde la transparencia algorítmica hasta los derechos de las personas y los principios éticos que deben enmarcar el desarrollo de estas herramientas. Casas subrayó que resguardar esos principios y permitir el desarrollo de la IA no son objetivos contradictorios, sino complementarios —siempre que la regulación se construya con conocimiento de causa.
La organización cerró la jornada subrayando la relevancia de mantener estas instancias de diálogo entre el sector público y el ecosistema tecnológico para comprender mejor los cambios que la IA impone en el diseño de normativas estatales. El mensaje implícito: esto no puede ser un evento aislado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Chile no es el único país de la región donde el aparato legislativo corre detrás de la tecnología; es, sin embargo, uno de los pocos donde el sector privado ha decidido llevar el debate directamente al recinto parlamentario en lugar de esperar que la burocracia lo convoque.
Lo que está en juego es más que un proyecto de ley. Las decisiones normativas que tome el Congreso en los próximos meses definirán si Chile se posiciona como un entorno favorable para la inversión tecnológica y la libre empresa digital, o si construye un laberinto regulatorio que ahuyente el talento y el capital antes de que la industria local tenga tiempo de madurar. Los contribuyentes, que financian el aparato estatal encargado de esa regulación, merecen que quienes legislan entiendan, al menos, lo que están regulando.
