La escena lo dice todo. Un conductor recibe una fotomulta sin que nadie haya identificado quién manejaba el vehículo. Otro paga el traslado completo de grúa aunque su auto haya viajado en una plataforma junto a tres vehículos más. Un motociclista enfrenta la misma sanción que un camión por una infracción de menor riesgo. Son situaciones cotidianas en Colombia, y el concejal de Bogotá Julián Forero las convirtió en el argumento central de una propuesta que busca reemplazar el actual Código Nacional de Tránsito.
Forero plantea sustituir la Ley 769 de 2002 por un nuevo Estatuto Nacional de Seguridad Vial, Movilidad y Tránsito. La norma vigente fue expedida hace más de dos décadas y ha recibido varias modificaciones desde entonces, pero el concejal sostiene que los remiendos no alcanzan. «Colombia no necesita más remiendos sobre un Código que fue concebido hace más de dos décadas», afirmó Forero. «Necesitamos un Estatuto nuevo, moderno y justo, que entienda cómo se movilizan hoy los colombianos y que ponga la seguridad vial y los derechos de los ciudadanos por encima de cualquier interés de recaudo».
La propuesta fue elaborada por Forero junto con su equipo de trabajo a partir del control político que el concejal ha ejercido sobre cámaras de fotodetección, procedimientos de agentes de tránsito, inmovilizaciones y tarifas de grúas y patios. El resultado es un documento con 20 transformaciones que el cabildante ofrece como base para una discusión nacional.
Garantías para el conductor
Varios de los 20 puntos apuntan directamente a la relación entre ciudadanos y autoridades. El documento propone que las sanciones no se impongan sin identificar al responsable de la infracción y sin que las pruebas hayan sido incorporadas y valoradas en el procedimiento. También plantea separar las funciones de quien impone la sanción y quien decide el caso, una distinción elemental del debido proceso que, según la propuesta, hoy no está garantizada.
Otro punto es la creación de la figura del Defensor Técnico del Conductor, que ofrecería asistencia gratuita a los ciudadanos para ejercer su derecho a la defensa. En materia de inmovilizaciones, la iniciativa busca limitar la medida a situaciones en las que el vehículo represente un riesgo real. Para infracciones menores, propone permitir que el conductor corrija la situación en el sitio, sin que el automotor sea enviado a patios.
Sobre las tarifas de grúas, el documento sostiene que los valores deben ajustarse al tiempo real de custodia y que un traslado compartido no puede cobrarse de forma completa a cada uno de los vehículos transportados. «No estamos proponiendo acabar con la autoridad ni permitir que se incumplan las normas», aclaró Forero. Su planteamiento, dijo, apunta a reglas claras, sanciones justas y una separación entre la seguridad vial y el recaudo.
Tecnología y nuevas formas de moverse
El Estatuto propuesto también incluiría disposiciones para asuntos que, según el documento, no estaban previstos en la realidad de hace dos décadas: plataformas tecnológicas, digitalización de documentos, motocicletas, micromovilidad y sistemas de seguridad vehicular modernos.
La regulación de plataformas buscaría definir responsabilidades para conductores, empresas tecnológicas, usuarios y autoridades. La iniciativa también propone modernizar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) con herramientas para combatir el fraude. Para motocicletas y vehículos de micromovilidad, Forero plantea multas proporcionales a las características de cada medio de transporte y a sus niveles de riesgo. El documento contempla además actualizar el kit de carretera de acuerdo con las condiciones técnicas de los vehículos actuales.
La educación vial desde los colegios integra otro eje de la propuesta. El concejal plantea que la formación en seguridad y respeto por las normas de tránsito comience desde la infancia, junto con estrategias pedagógicas dirigidas a prevenir comportamientos peligrosos. «La movilidad es un derecho, no un negocio», afirmó Forero, quien propone que la discusión incluya a motociclistas, conductores, transportadores, expertos y autoridades.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el concejal presentó su propuesta: la discusión no es solo técnica. Detrás de cada fotomulta mal aplicada, de cada tarifa de patio desproporcionada, de cada inmovilización por una infracción menor, hay un ciudadano que financia con su bolsillo un aparato estatal que mezcla seguridad vial con recaudo. Esa confusión de incentivos es, precisamente, lo que la propuesta de Forero intenta desmontar.
El principio es sencillo: la autoridad de tránsito debe existir para proteger vidas, no para generar ingresos. Cuando las sanciones se diseñan —o se aplican— con lógica recaudatoria, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y se convierte en fuente de recursos. Que un concejal haya convertido ese debate en una propuesta legislativa concreta es, al menos, el primer paso para que Colombia decida qué quiere que sea su Código de Tránsito.
