Para entender el presente hay que volver a esa semana de noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Desde entonces, uno de los complejos mineros más grandes del hemisferio quedó paralizado, convertido en una pregunta sin respuesta sobre el futuro de la inversión extranjera en el país.
Ahora los engranajes vuelven a girar, aunque con matices importantes.
First Quantum Minerals, la multinacional canadiense propietaria de Minera Panamá, informó durante su presentación de resultados del segundo trimestre que el Tren 3 de molienda de Cobre Panamá volvió a operar en mayo. El primer concentrado salió de la planta en junio, antes de la meta original fijada para el tercer trimestre. El primer embarque de ese concentrado está previsto para agosto.
Lo que se procesa no es mineral nuevo. El Gobierno panameño autorizó a la empresa trabajar con el material que había sido extraído antes del cierre y permanecía acumulado sin pasar por la planta concentradora. First Quantum estima que en el complejo permanecen unas 38 millones de toneladas de ese mineral, con aproximadamente 70,000 toneladas de cobre recuperable. Al ritmo actual, esas reservas alcanzarían para unos 12 meses de procesamiento.
Hasta el cierre de junio, la compañía había procesado 2.1 millones de toneladas y producido aproximadamente 3,200 toneladas de cobre contenido en concentrado.
Tristan Pascall, presidente ejecutivo de First Quantum, subrayó que existe una fuerte demanda internacional por el concentrado y que la actividad podría generar un flujo de caja entre neutral y positivo con los precios actuales del cobre. El puerto y la central eléctrica del complejo permanecen operativos.
3,000 personas trabajan hoy dentro del complejo. Cerca de 1,000 trabajadores calificados han regresado o fueron contratados recientemente para respaldar el procesamiento, y se reanudaron las compras a proveedores panameños. Con todo, Pascall fue explícito: Cobre Panamá no está en una fase de reapertura completa. Siguen suspendidas las actividades propiamente mineras —perforaciones, voladuras, remoción de material estéril, movilización de flota—. Una vuelta a producción plena requeriría reactivar la extracción en los tajos Botija y Colina, y llevar la fuerza laboral a cerca de 6,000 personas.
Si se obtuvieran las autorizaciones correspondientes, Pascall estimó que el complejo podría alcanzar entre el 80% y el 90% de su capacidad en seis a nueve meses, aunque advirtió que la contratación y capacitación de trabajadores altamente especializados podría convertirse en un cuello de botella.
La pregunta de fondo la plantearon los analistas de Scotiabank, Barclays, Bank of America y UBS durante la conferencia de resultados: ¿qué hará el Gobierno panameño? La decisión sigue pendiente. Una pieza central del expediente es la auditoría integral realizada a la mina, que le otorgó una calificación de 87.73 puntos sobre 100 y determinó el cumplimiento de 361 de los 370 compromisos evaluados; siete quedaron en cumplimiento parcial, principalmente en reforestación y biodiversidad.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas cuestionaron la solidez técnica del informe. Según la Mesa Técnica, 155 de los 371 compromisos evaluados —más del 40%— no cuentan con evidencia suficiente dentro de los anexos publicados. Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental, encabezó esas objeciones.
Los detalles cuentan la historia. Lo que ocurre en Cobre Panamá en este agosto de 2026 no es una reapertura, pero tampoco es indiferente: es mineral que se mueve, concentrado que se embarca, trabajadores que cobran un salario y proveedores que vuelven a facturar. Para el Gobierno del presidente Mulino, cada tonelada exportada es también un argumento en la conversación sobre el futuro de la concesión y sobre el lugar de Panamá en el mapa de la inversión minera global.
El principio en juego es el de siempre: la seguridad jurídica. Una operación que llegó a representar una parte importante de la economía panameña lleva más de dos años en el limbo porque un contrato fue declarado inconstitucional. Los arbitrajes internacionales siguen abiertos. La inversión extranjera observa. Que el procesamiento de reservas acumuladas genere flujo de caja positivo es una señal de que el activo tiene valor; que la extracción siga prohibida es una señal de que ese valor no se puede aprovechar sin un marco legal claro. La trastienda de esa decisión, todavía sin fecha, es donde se juega el verdadero desenlace.
