La escena lo dice todo. Un lunes cualquiera, el suelo del Chocó se movió con una fuerza que los sismólogos calificaron de poco frecuente. El terremoto, con magnitud de 7.4 y epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, no solo sacudió edificios en Bogotá: también se sintió en sectores de Ecuador y Venezuela. Las réplicas llegaron después, y con ellas la pregunta que los expertos llevan décadas intentando responder con precisión: ¿cuándo será el próximo?
La respuesta corta es que nadie lo sabe. La respuesta larga obliga a mirar el mapa.
El arco que no descansa
Colombia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de aproximadamente 40.000 kilómetros que rodea gran parte del océano Pacífico y se extiende desde las costas de Chile hasta Japón, Filipinas y Nueva Zelanda. La mecánica es antigua y brutal: en las zonas de subducción, una placa tectónica se hunde por debajo de otra, acumula tensión y, en algún momento, la libera. Ese momento es un terremoto.
A lo largo de este arco se concentran cerca de 452 volcanes, entre ellos el Kilauea y el Mauna Loa en Hawái, el Popocatépetl en México, el Merapi y el Anak Krakatoa en Indonesia, y el Villarrica y el Calbuco en Chile. El riesgo no proviene solo de una posible erupción, sino de la capacidad de los fenómenos volcánicos y sísmicos para generar afectaciones en cadena.
El Servicio Geológico Colombiano señala que una parte importante de la actividad sísmica del país está relacionada con esta dinámica tectónica, aunque aclara que no todos los terremotos registrados en Colombia tienen origen directo en el Cinturón de Fuego. La distinción importa para el monitoreo, pero cambia poco el panorama de fondo: el territorio nacional es considerado una zona de elevada actividad sísmica.
Ochenta sismos al día
Los detalles cuentan la historia. En Colombia se registran alrededor de 2.500 sismos cada mes, lo que equivale a un promedio de 80 diarios. La gran mayoría son de baja intensidad y pasan desapercibidos para la población; solo la Red Sismológica Nacional los detecta y registra. Pero ese volumen constante de actividad es precisamente lo que mantiene en alerta a la comunidad científica: las fallas geológicas pueden acumular grandes cantidades de energía, y cuando esa energía se libera de golpe, el resultado puede ser un evento como el de Chocó.
Tras el primer movimiento, los organismos sismológicos registraron diferencias en las mediciones de magnitud, algo habitual: los datos se procesan y actualizan a medida que llegan nuevos registros. Las réplicas fuertes que siguieron al sismo principal mantuvieron en alerta a los expertos durante las horas posteriores.
La comunidad científica es explícita en un punto: actualmente no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto. Lo que sí es posible es mejorar la preparación. Por eso el monitoreo constante de la actividad tectónica y geológica de la región no es un lujo académico, sino una necesidad operativa.
La trastienda del riesgo
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Un sismo de 7.4 es un recordatorio de que la geografía colombiana no es negociable. La interacción de varias placas tectónicas en el occidente del país —el mismo occidente que concentra selva, minería, infraestructura portuaria y comunidades vulnerables— convierte la gestión del riesgo sísmico en una obligación de Estado, no en una opción de política pública.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio plantea una pregunta incómoda: ¿está el aparato estatal colombiano a la altura de esa obligación? La ciencia hace su parte —monitoreo, datos, alertas—, pero la preparación real depende de inversión en infraestructura resistente, protocolos de respuesta y, sobre todo, de que los recursos lleguen a las regiones más expuestas sin perderse en la burocracia. Un Estado que no puede garantizar orden ni propiedad en el Chocó difícilmente puede garantizar resiliencia sísmica. El suelo seguirá moviéndose. La pregunta es si las instituciones se mueven con él.
