La escena lo dice todo. Mientras Petróleos Mexicanos acumula deudas y busca socios privados para frenar una producción en caída libre, Carlos Slim firma otro cheque millonario —esta vez para quedarse con el 30 por ciento que TotalEnergies tenía en el Bloque 30 del Golfo de México— y consolida su posición como el mayor actor privado en el sector energético del país.
El acuerdo, anunciado el jueves a través de un documento presentado ante reguladores, implica que una subsidiaria de Grupo Carso adquirirá la participación de TotalEnergies México Bloque 30. La británica Harbour Energy conservará el 70 por ciento restante y seguirá como operadora del bloque. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las autoridades.
Los detalles cuentan la historia. Esta no es la primera vez en el año que Carso se mueve en aguas del Golfo. En enero, la empresa compró Fieldwood Mexico a la rusa Lukoil, consolidando el control total de dos importantes yacimientos en la región. A eso se suma un contrato por 2 mil millones de dólares firmado el año pasado con Pemex para perforar más de 30 pozos en el yacimiento de petróleo y gas Ixachi —un proyecto que, según el propio Slim, permitirá aproximadamente duplicar la producción de crudo de ese campo hasta unos 200 mil barriles diarios en un plazo de tres años.
La trayectoria es coherente: la compra de participaciones en Talos Energy y en la refinadora estadounidense PBF Energy ya habían convertido a Carso en el mayor socio privado de Pemex. Ahora, con la adquisición del bloque de TotalEnergies, Slim refuerza su presencia en los segmentos del sector que no están bajo control estatal —una distinción que el empresario, de 86 años y con una fortuna estimada en unos 130 mil millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, parece cuidar con particular atención.
Esa distinción tiene peso político. Slim señaló previamente este año que sus empresas evitarían nuevas empresas conjuntas con Pemex. La declaración no es un detalle menor: traza una línea entre el capital privado que opera con criterios de rentabilidad y una empresa estatal que, según cifras recientes, produjo 1.65 millones de barriles diarios de crudo y condensados al cierre de abril. El propio Slim afirmó este mes que la producción total de petróleo y gas de México podría alcanzar hasta 2.5 millones de barriles diarios con apoyo del sector privado —una brecha de casi un millón de barriles que, implícitamente, señala el costo de décadas de monopolio estatal.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que TotalEnergies decidió salir y Carso decidió entrar. La francesa no es la única empresa internacional que ha reducido exposición en México en los últimos años; el entorno regulatorio y la incertidumbre en torno a Pemex han enfriado el apetito de muchos. Slim, en cambio, apuesta en sentido contrario: ve valor donde otros ven riesgo, y tiene el músculo financiero —y la lectura del terreno político— para sostener esa postura.
La lectura de Hemisferio es directa. Lo que estas operaciones sucesivas demuestran es que la libre empresa, cuando se le abre espacio, encuentra petróleo donde el Estado no lo encontró. Carso no opera con subsidios ni con el respaldo implícito del contribuyente: opera con capital privado que asume riesgo real. El contraste con Pemex —que lleva años de producción en descenso, finanzas deterioradas y necesidad urgente de socios externos— no podría ser más elocuente.
El verdadero interrogante no es si Slim seguirá comprando. Es si el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá la coherencia de dejar que la lógica del mercado opere sin interferencia burocrática, o si la tentación de recuperar el control estatal sobre cada barril terminará espantando precisamente al capital que podría salvar la producción nacional. Por ahora, el empresario más rico de América Latina sigue firmando cheques. El desenlace depende de lo que decida el aparato estatal.
