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El cerco se cierra sobre México

Washington acumula frentes contra el gobierno morenista: cárteles declarados terroristas, funcionarios de Sinaloa señalados, revisión anual del tratado comercial y un «huachicol fiscal» que ya tiene investigaciones del lado norteamericano.
Imagen ilustrativa
lunes 20 de julio de 2026

Para entender el presente hay que volver a esa acumulación de presiones que, semana tras semana, ha convertido la relación México-Estados Unidos en el vínculo bilateral más tenso de la región.

El gobierno de Donald Trump ha declarado a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas y, según Samuel Aguilar Solís en El Financiero, sus más altos funcionarios de seguridad han afirmado reiteradamente que son esas organizaciones criminales las que «verdaderamente gobiernan México». No es una frase suelta: es el marco jurídico y político desde el cual Washington puede escalar sus acciones.

La escena lo dice todo. El señalamiento puntual de diez políticos y funcionarios de Sinaloa, con la solicitud formal al gobierno mexicano de que sean juzgados en Estados Unidos por su presunta relación con el cártel de Sinaloa, llegó casi al mismo tiempo que la devolución —inédita— de cartas de protesta enviadas por la embajada mexicana contra las operaciones del ICE. Dos gestos diplomáticos que, juntos, retratan el estado de la relación: rota en los canales formales, tensa en los operativos.

El frente comercial no es menos grave. La postura norteamericana de no ratificar el tratado y someter la relación a revisiones anuales instala, según el análisis, «la incertidumbre como columna central para las inversiones» en México. A eso se suma la exigencia de que los productos de exportación contengan componentes exclusivamente de los países miembros del acuerdo —lo que equivale, en la práctica, a un veto estadounidense sobre el libre comercio mexicano con terceros— y el anuncio de traslado de plantas automotrices de México a territorio norteamericano.

Los detalles cuentan la historia. Esos golpes llegan a una economía que, según la fuente, «en los ocho años del obradorato se ha mantenido estancada». Para sostener los programas sociales que alimentan la clientela política del régimen, el gobierno ha recurrido al endeudamiento a niveles que, en el escenario descrito, ponen en riesgo la calificación crediticia del país.

Hay un tercer frente, menos visible pero potencialmente el más explosivo: el llamado «huachicol fiscal». Aguilar Solís lo define como la evasión del pago de impuestos por la importación de gasolinas, con millones de litros de combustible ingresando al país sin pasar por las arcas públicas. Lo relevante no es solo el delito en México: ya existen investigaciones del lado norteamericano que, según la fuente, «al parecer ligan tanto a políticos del régimen como a las organizaciones criminales». A eso se añade la «ordeña» continua de ductos en territorio nacional, que golpea directamente a Pemex —descrito como «un barril sin fondo»— y, por extensión, a las finanzas del Estado mexicano.

El cuadro global tampoco ayuda. Trump gestiona simultáneamente el conflicto con Irán —que ha elevado el precio del petróleo y sembrado incertidumbre en la economía global—, la tensión con la Unión Europea en torno a la OTAN, y las ambiciones sobre Groenlandia. Con las elecciones de noviembre en el horizonte, la narrativa doméstica norteamericana —incluyendo, según la fuente, la reedición del discurso sobre la elección de 2020 y acusaciones de que China robó información del padrón electoral— sugiere que el gobierno de Trump buscará mantener encendidos todos los frentes.

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Lo que está en juego para México es más que una disputa diplomática. Es la pregunta de fondo sobre si un Estado que, según sus propios críticos, ha permitido que el crimen organizado permee sus estructuras puede sostener una relación funcional con su principal socio comercial, inversor y vecino. El libre mercado y la inversión extranjera —los dos motores que podrían sacar a México del estancamiento— necesitan exactamente lo que el gobierno morenista ha erosionado: certeza jurídica, instituciones creíbles y distancia real entre el aparato estatal y el crimen.

Noviembre de 2026 no es solo una fecha electoral en Washington. Es el momento en que la presión acumulada sobre México encontrará, o no, una válvula de escape. El contribuyente mexicano —el que paga impuestos mientras el «huachicol fiscal» vacía las arcas— ya está pagando el costo de esa ambigüedad.

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