La escena lo dice todo. A 25 días del inicio del nuevo gobierno colombiano, el exfiscal General Francisco Barbosa publicó el domingo 12 de julio una columna en El Heraldo titulada Depredadores, en la que acusó al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de haber tomado la decisión de «asediar y horadar las instituciones colombianas» tras la elección de Abelardo de la Espriella.
El presidente electo, ganador de la segunda vuelta del 21 de junio, tomará posesión el viernes 7 de agosto. Petro, en cambio, se ha negado a reconocer su victoria, una postura que Barbosa calificó de «inadmisible».
Para construir su argumento, el exfiscal recurrió al libro La hora de los depredadores (2025), del sociólogo italiano Giuliano da Empoli. De esa obra extrajo la tesis de que los ataques a la institucionalidad ya no provienen de actores al margen del Estado, sino de quienes lo controlan. Barbosa escribió que «Colombia es hoy un caso evidente» de esa teoría.
El punto de mayor tensión en la columna fue la enumeración de escenarios que, según el exfiscal, elevarían la crisis a un quiebre institucional. Entre ellos mencionó la posibilidad de que el presidente saliente use el poder del Estado para impedir la posesión del mandatario electo pese a que la elección esté en firme, que ordene a las Fuerzas Militares o a la Policía desconocer al sucesor, o que se paralice por vías de hecho el funcionamiento de las autoridades encargadas de garantizar la transición. «De comprobarse una conducta de esa naturaleza, podría configurarse una ruptura del orden constitucional», escribió Barbosa.
El exfiscal fue más lejos en el plano conceptual: sostuvo que en la ciencia política y en el derecho constitucional comparado, un hecho de ese tipo «suele calificarse como un golpe de Estado o un autogolpe», aunque aclaró que la denominación jurídica final dependería de los hechos que se acrediten y de las decisiones de las autoridades competentes.
En materia penal, Barbosa planteó que una actuación de esa naturaleza podría dar lugar al examen de la instigación a delinquir prevista en el artículo 348 del Código Penal, cuando exista una incitación pública y directa a cometer delitos. También mencionó la posibilidad de responsabilidades adicionales si se promueven actos de violencia, ataques contra las autoridades o intentos de impedir por vías de hecho el funcionamiento de las instituciones.
Sobre el llamado de Petro y Cepeda a protagonizar una «resistencia civil pacífica», el exfiscal fue categórico: según su lectura, ese llamado «puede resultar irresponsable y alterar la tranquilidad pública» en un país marcado por la violencia y la polarización. Barbosa afirmó además que ningún temor personal, incluida una eventual judicialización internacional del presidente saliente, justificaría el desconocimiento de la voluntad popular.
El argumento de fondo que articuló el exfuncionario descansa en la certificación del Consejo Nacional Electoral como validador del escrutinio. Desconocer esa decisión desde la presidencia, sostuvo Barbosa, constituiría un desafío sin precedentes a la institucionalidad democrática.
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en juego en Colombia no es solo una disputa entre el oficialismo saliente y el presidente electo: es la pregunta de si el aparato estatal puede convertirse en instrumento para bloquear la alternancia que los ciudadanos decidieron en las urnas. Cuando un gobierno usa los resortes del poder para impedir que su sucesor tome posesión, la amenaza no es partidaria sino sistémica. El libre ejercicio del voto, la transferencia pacífica del mando y el respeto a las certificaciones electorales son los cimientos sobre los que descansa cualquier orden republicano. Si esos cimientos ceden, lo que sigue no es resistencia: es la erosión del único mecanismo que protege a los ciudadanos del poder sin límites.
