La escena lo dice todo. Oficiales de cumplimiento, ejecutivos de negocio y personal de actualización de datos sentados en una jornada de capacitación convocada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). No era un evento protocolar: era la puesta en marcha de una nueva arquitectura regulatoria que ya tiene fuerza normativa.
El eje de la reforma es el Acuerdo No. 1-2026, centrado en la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Según Kuldip Singh, secretario general de la SBP, entre sus principales innovaciones figuran el fortalecimiento de los procesos de conocimiento del cliente y del beneficiario final, la incorporación de metodologías para la clasificación y segmentación de riesgos, y la aplicación de medidas diferenciadas de debida diligencia. A eso se suman mecanismos de monitoreo perfeccionados y estructuras de gobierno corporativo más robustas para la gestión del riesgo de cumplimiento.
La normativa, explicó Singh, es el resultado de un diálogo técnico amplio con el sector bancario que buscó diseñar una regulación «moderna, equilibrada y alineada tanto con la realidad operativa de las entidades supervisadas como con los estándares internacionales». El lenguaje es diplomático, pero el mensaje es preciso: las reglas ya cambiaron.
El segundo instrumento es el Acuerdo No. 3-2026, emitido por la Junta Directiva de la SBP el 29 de mayo de 2026. Este acuerdo establece los criterios para la imposición y graduación de sanciones administrativas aplicables a los bancos por incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su propósito declarado es fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la aplicación de sanciones, proporcionando parámetros claros para evaluar y determinar las medidas correspondientes. Será aplicable a las entidades que incurran, por acción u omisión, en dichos incumplimientos.
La jornada de capacitación también abrió espacio para un debate de fondo: cómo compatibilizar la transformación digital del sistema financiero con controles efectivos que permitan gestionar los riesgos asociados a los nuevos canales y servicios. La pregunta no es retórica. La innovación financiera avanza más rápido que los marcos normativos en casi toda la región, y Panamá apuesta a que esta vez la regulación no llegue tarde.
El contexto cuantitativo respalda la apuesta. Según el Informe de Actividad Bancaria correspondiente a mayo de 2026, el Centro Bancario Internacional cerró ese período con un índice de liquidez del 60% —frente a un mínimo regulatorio del 30%— y un índice de adecuación de capital de 16,04%, más del doble del piso exigido del 8%. La cartera crediticia neta alcanzó los 102.191,2 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 3,7%, equivalente a 3.685,2 millones de dólares adicionales respecto al mismo período del año anterior. La cartera externa neta aumentó un 9,71%, hasta situarse en 39.234,5 millones de dólares.
Los detalles cuentan la historia. Un sistema bancario con esos indicadores de solvencia y liquidez tiene margen para absorber el costo de cumplimiento que impone una regulación más exigente. La pregunta que queda abierta es si las entidades más pequeñas, con estructuras de cumplimiento menos desarrolladas, podrán adaptarse al ritmo que la SBP exige.
Para Hemisferio, la dirección es la correcta. Un centro financiero internacional que aspira a mantenerse en la lista blanca de los organismos multilaterales no puede darse el lujo de que sus reglas de juego sean ambiguas o sus sanciones, discrecionales. La seguridad jurídica no es un beneficio exclusivo del regulador: es el activo más valioso que Panamá puede ofrecer al capital que busca un hogar predecible en la región. Endurecer los criterios de sanción y modernizar la debida diligencia no es burocracia; es la condición mínima para que la libre empresa opere sobre cimientos sólidos.
