La escena lo dice todo. Un martes por la tarde en Capitol Hill, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para poner fin formal a una moneda que costaba fabricar casi cuatro veces su valor nominal. El penny —esa pieza de un centavo que durante décadas acumuló polvo en cajones y alcancías— dio su último paso legislativo antes de llegar al Senado.
La Common Cents Act fue aprobada con respaldo bipartidista. La propuesta, impulsada por el representante demócrata Robert Garcia (California) y la republicana Lisa McClain (Michigan), introduce directrices de redondeo para transacciones en efectivo cuando no hay cambio exacto disponible, y pone fin legal a la producción del penny salvo para fines numismáticos o de colección.
Las reglas son simples: si el último dígito de una cantidad es 1, 2, 6 o 7, puede redondearse hacia abajo al nickel más cercano. Si termina en 3, 4, 8 o 9, puede redondearse hacia arriba. Para transacciones de $0.01 o $0.02, el monto puede subir a $0.05. Nada de esto es obligatorio —la ley dice que personas y negocios «pueden», no que «deben»— y las transacciones electrónicas, cheques y tarjetas de regalo siguen usando el centavo exacto.
El penny, además, conserva su condición de moneda de curso legal y su valor de un centavo. La ley no lo borra: lo jubila.
La trastienda del adiós
Para entender el presente hay que volver a esa semana de noviembre pasado, cuando el gobierno del presidente Donald Trump acuñó el último lote de pennies para circulación. La razón fue aritmética pura: fabricar un centavo costaba casi 3.7 veces su valor facial. El Departamento del Tesoro informó que la Reserva Federal recirculará los aproximadamente 114 mil millones de pennies existentes «durante el mayor tiempo posible», pero la producción nueva quedó suspendida.
El problema es que la ausencia de una norma clara dejó a negocios y consumidores en un limbo. Sin guía legal, muchos operadores —especialmente en el sector de restaurantes— optaron por redondear siempre hacia abajo para evitar posibles demandas. Esa cautela tiene un precio: la Asociación Nacional de Restaurantes calculó que un período prolongado de redondeo hacia abajo podría costarle a la industria hasta $168 millones anuales.
Del otro lado del mostrador, el Banco de la Reserva Federal de Richmond proyectó en un informe de julio del año pasado que el redondeo al nickel más cercano podría costarles a los consumidores estadounidenses alrededor de $6 millones anuales.
La Common Cents Act busca resolver esa tensión con una regla neutral: redondeo simétrico, aplicación voluntaria, certeza jurídica para todos.
Las voces del comercio
Los grupos empresariales respondieron con alivio. Evan Armstrong, vicepresidente sénior de asuntos gubernamentales de la Retail Industry Leaders Association, afirmó en un comunicado que «la Cámara reconoció la necesidad de certeza para proteger las transacciones en efectivo, apoyar la consistencia en todo el país y resolver un problema que ha estado afectando negativamente a millones de negocios en todo el país».
Sean Kennedy, director de defensa de la Asociación Nacional de Restaurantes, dijo que la aprobación podría reducir la «fricción innecesaria entre los restaurantes y los clientes que atienden» e introducir «un grado de uniformidad en las transacciones más básicas de la operación de un restaurante».
El proyecto pasa ahora al Senado.
Lo que está en juego
Hemisferio ve en este episodio algo más que una disputa sobre monedas pequeñas. Durante décadas, el penny fue un ejemplo clásico de política pública que sobrevivió no por su utilidad, sino por inercia burocrática y por los intereses de quienes se benefician de su producción —incluyendo a los proveedores de zinc que componen el 97.5% de su composición metálica. La decisión del gobierno Trump de detener su acuñación fue un acto de racionalidad fiscal elemental: cuando el costo supera al beneficio en una proporción de casi cuatro a uno, el contribuyente está subsidiando una ficción.
Lo que la Common Cents Act añade es el andamiaje legal que el libre mercado necesita para funcionar sin fricciones artificiales. Una regla clara de redondeo no es una intromisión del Estado en los negocios: es exactamente el tipo de marco mínimo que permite que millones de transacciones cotidianas ocurran sin litigios, sin incertidumbre y sin que los restaurantes tengan que absorber pérdidas por miedo a un abogado. El Senado debería actuar con la misma celeridad.
