La escena lo dice todo.
Cuando los agentes de la Policía de Investigación de Ciudad de México detuvieron a Iván «N» y Eduardo «N» el pasado 16 de julio, los dos hombres no tardaron en ofrecer la salida más vieja del manual: un automóvil y 40.000 pesos —unos 2.287 dólares— para que los uniformados miraran hacia otro lado. No funcionó.
El 24 de julio, una audiencia determinó que ambos deberán enfrentar juicio por los delitos de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, según informó la Fiscalía de Ciudad de México en un comunicado oficial. En el momento de la detención, los agentes aseguraron también narcóticos, 12 cartuchos de uso exclusivo del Ejército y tres teléfonos celulares.
Ambos permanecerán en prisión preventiva. La fiscalía capitalina fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, que se apoya en declaraciones de los detectives participantes, dictámenes periciales y datos de prueba recabados en el operativo.
Una célula con jefe preso y guerra en la puerta
Las indagatorias, según la dependencia, apuntan a que los dos detenidos forman parte de una célula presuntamente liderada por Miguel «N», alias MK, actualmente recluido en un centro penitenciario del estado de Coahuila. MK sería hijo de «El Ojos», quien encabezó el Cartel de Tláhuac hasta su muerte en 2017.
Los roles, de acuerdo con la fiscalía, estaban bien delimitados: Eduardo «N» sería uno de los principales colaboradores de MK y estaría a cargo de la administración económica de la organización; Iván «N», en cambio, realizaría labores operativas vinculadas a la distribución, las entregas y los cobros.
El Cartel de Tláhuac opera en el oriente de la capital mexicana y en zonas del colindante Estado de México. Su situación se ha complicado en semanas recientes: el Cartel Jalisco Nueva Generación —CJNG— le declaró la guerra por invadir su territorio. El CJNG, designado como organización terrorista por Estados Unidos el año pasado, es uno de los principales carteles del narcotráfico en el país y ha protagonizado múltiples enfrentamientos territoriales contra el Cartel de Tláhuac y otros grupos que disputan su control.
Los detalles cuentan la historia.
Un intento de soborno con un auto y poco más de dos mil dólares, cartuchos militares en manos civiles, un jefe preso que supuestamente sigue dirigiendo operaciones desde Coahuila: cada elemento del expediente describe una Ciudad de México donde el crimen organizado no solo existe, sino que se ha instalado con estructura, jerarquía y administración propia.
Para Hemisferio, la lectura es incómoda pero necesaria. El aparato estatal capitalino logró una detención y consiguió llevarla a juicio —mérito que hay que reconocer—, pero la misma causa judicial revela que una célula delictiva opera con suficiente arraigo como para tener un encargado de finanzas y un operador de distribución trabajando en la capital del país. Que el líder de esa célula dirija presuntamente desde prisión no habla de eficacia carcelaria; habla de cuánto le falta al Estado mexicano para que el encarcelamiento signifique neutralización real.
Mientras la presidenta evita nombrar al CJNG como lo que Washington ya nombró —organización terrorista— y el gobierno capitalino gestiona la inseguridad con comunicados de prensa, los vecinos del oriente de la ciudad conviven con una guerra de carteles en la que ellos no eligieron bando. El libre tránsito, la propiedad y la vida cotidiana son las primeras bajas de esa omisión.
