La denuncia no llegó con cámaras ni ruedas de prensa. Llegó por escrito, firmada por exnarcos que hoy figuran como testigos protegidos en Estados Unidos y que aseguran tener en su poder las pruebas de lo que llaman un «cartel de la toga» dentro de la justicia colombiana de extinción de dominio.
Según la denuncia pública, el entramado involucra a fiscales, jueces y magistrados de tribunales encargados de decidir el destino de bienes incautados a estructuras narcotraficantes. El catálogo de irregularidades que describen es extenso: bienes entregados por narcotraficantes que nunca fueron sometidos a proceso de extinción, exigencias de dinero y presiones a través de nuevos procesos judiciales contra quienes ya habían colaborado con la justicia.
El caso que sostiene la denuncia es el de Juan Fernando Álvarez Meyendorff. Hace más de una década, tras entregarse a las autoridades norteamericanas, la Fiscalía colombiana le abrió un proceso de extinción de dominio. Han pasado más de 13 años y ese proceso —el más antiguo de extinción de dominio en la Fiscalía, según la denuncia— sigue sin resolverse.
Meyendorff ha dicho en repetidas oportunidades que fue víctima de extorsión por parte de un fiscal. Ahora, como testigo protegido en Estados Unidos, sostiene que logró establecer que buena parte de los bienes que entregó nunca fueron objeto de extinción de dominio, sino que quedaron en poder de testaferros.
El documento público que presentó va más allá del reclamo personal. Meyendorff asegura tener evidencias para demostrar la existencia de una red de corrupción judicial en la que participan fiscales de extinción y de lavado de activos, además de magistrados de tribunal. Las denuncias, según el texto, fueron radicadas ante la propia Fiscalía General de la Nación.
«Voy a evidenciar una nueva generación del cartel de la toga, que incluye funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, siendo testigo en los Estados Unidos en contra de Gustavo Petro Urrego. Un entramado de corrupción judicial de los fiscales de extinción, lavado, y magistrados del tribunal. Direccionamiento de procesos, para obligarnos a ser extorsionados; yo me lanzo en esta batalla desde hoy», declaró Meyendorff.
El exnarco fue más allá y aseguró, en declaraciones a SEMANA, que está declarando ante la justicia de Estados Unidos en contra del expresidente Gustavo Petro. Según Meyendorff, existió una supuesta entrega de dinero a través de una persona cercana al exmandatario, y las evidencias que dice tener en su poder señalarían que otros narcotraficantes también habrían entregado dinero a Petro. Se trata, por ahora, de una acusación de un testigo, no de un hallazgo judicial confirmado.
Meyendorff sostiene además que su abogada ha sido víctima de intimidaciones, persecuciones y compulsas de copias, en lo que describe como un intento de mantener ocultas las irregularidades del proceso más antiguo de extinción de dominio que registra la Fiscalía.
La escena, en el fondo, retrata algo más grande que un expediente atascado: el instrumento jurídico que el Estado colombiano diseñó para despojar a los criminales de sus bienes ilícitos —la extinción de dominio— habría sido capturado, según denuncian sus propios protagonistas, por los mismos operadores llamados a hacerlo funcionar. Si un fiscal puede extorsionar a quien colabora con la justicia y un bien incautado puede acabar en manos de un testaferro en lugar del Estado, la propiedad privada y el debido proceso quedan a merced de la discrecionalidad de unos pocos togados.
Para Hemisferio, el episodio confirma un patrón que la línea crítica del petrismo ha señalado desde hace tiempo: la sombra de la financiación irregular vuelve a rozar al oficialismo, esta vez de la mano de testigos que declaran ante la justicia estadounidense. La acusación contra Petro es, hasta ahora, la palabra de un exnarco convertido en testigo protegido; corresponde a la Fiscalía y a los tribunales de Estados Unidos determinar si hay algo más que un señalamiento. Pero el trasfondo institucional —una extinción de dominio presuntamente cooptada por quienes debían garantizarla— es en sí mismo una alarma sobre el estado de derecho que ningún gobierno, del signo que sea, puede permitirse ignorar.
