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El carrusel de Nahle: una senadora sale, otra entra y la UPAV sigue sin respuestas

La gobernadora de Veracruz movió piezas en su gabinete educativo mientras persisten investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Universidad Popular Autónoma del estado. La continuidad, dice el gobierno; la opacidad, dice el contexto.
Imagen ilustrativa
martes 28 de julio de 2026

La escena lo dice todo. Un mensaje en redes sociales, tres funcionarias en cuadro y una explicación que llegó antes de que nadie la pidiera: el cambio en la Secretaría de Educación de Veracruz no tiene nada que ver con la UPAV.

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, anunció el relevo de Claudia Tello Espinosa al frente de la Secretaría de Educación del estado (SEV). En su lugar asumirá Raquel Bonilla Herrera, quien hasta ahora fungía como senadora suplente. Tello, por su parte, regresará al Senado de la República para retomar su escaño y, según explicó la propia mandataria, respaldar desde esa tribuna la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno estatal describió el movimiento como una «reorganización interna del mismo equipo político» y aseguró que ambas funcionarias realizarán un proceso coordinado de entrega-recepción. La continuidad, repitió Nahle, es el objetivo.

El ruido de fondo

Lo que el comunicado oficial no pudo silenciar es el contexto. El relevo ocurre mientras continúan investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), institución que depende orgánicamente de la SEV. Según la información disponible, las indagatorias se centran en el manejo de recursos provenientes de cuotas escolares.

Durante el anuncio, Nahle no vinculó la salida de Tello con esas investigaciones. La declaración fue explícita: la decisión respondió a la solicitud de la propia exsecretaria para reincorporarse a sus funciones legislativas. Punto.

Pero los detalles cuentan la historia. Que la gobernadora haya sentido la necesidad de deslindar públicamente ambos asuntos en el mismo mensaje en que anunciaba el cambio dice, al menos, que el tema de la UPAV tiene peso suficiente como para flotar sin invitación en cualquier conversación sobre la SEV.

Las piezas del tablero

Raquel Bonilla Herrera llega a la secretaría con un perfil legislativo y sin antecedentes ejecutivos documentados en el sector educativo. Al aceptar el nombramiento, agradeció la confianza de la gobernadora y comprometió diálogo con el magisterio, continuidad de programas y acceso a educación de calidad para los estudiantes veracruzanos. El repertorio de promesas es conocido; la prueba vendrá con los hechos.

Claudia Tello, en su despedida, destacó la labor del magisterio veracruzano y reiteró su compromiso con el derecho a la educación. Nahle, por su lado, subrayó que la Secretaría de Educación no solo administra el sistema educativo estatal sino que también cumple un papel relevante en la política social del gobierno, «debido al alcance que tiene entre la población». La frase, más que pedagógica, suena a recordatorio interno sobre el peso político del cargo.

El gobierno anunció además que en los próximos días se presentará un informe sobre los avances alcanzados en materia educativa durante la gestión de Tello. Un cierre ordenado, en la narrativa oficial.

Lo que está en juego

Para entender el presente hay que volver a esa semana. Veracruz es el estado más poblado gobernado por Morena fuera de la Ciudad de México, y su secretaría de educación administra uno de los sistemas escolares más grandes del país. Que ese cargo rote entre cuadros del mismo bloque político —senadora entra, senadora sale— no es en sí mismo una irregularidad. Es, sin embargo, una señal de cómo funciona el aparato estatal cuando la lealtad al proyecto político pesa tanto como la idoneidad técnica.

Desde la línea de Hemisferio, el problema no es el relevo en sí. Los gabinetes se reorganizan; eso es normal en cualquier administración. El problema es la opacidad que rodea a la UPAV: investigaciones abiertas, recursos de cuotas escolares bajo escrutinio y ninguna explicación pública sobre el estado de esas indagatorias. Los contribuyentes veracruzanos —y los padres de familia que pagan esas cuotas— merecen algo más que la garantía de «continuidad».

Mientras el nuevo equipo afina su entrega-recepción, las preguntas sobre la universidad siguen sin respuesta oficial. Esa es la verdadera asignatura pendiente de la Secretaría de Educación de Veracruz.

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