La escena lo dice todo. Un cargo que «no era ni necesaria ni urgente», un expediente administrativo construido para dar «apariencia de legalidad» a una decisión ya tomada, y criterios de selección redactados cuando los perfiles de los candidatos ya se conocían. Así describió la Audiencia Provincial de Badajoz, en una sentencia de 377 páginas, la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.
El tribunal declaró este martes a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez— culpable por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. La pena: nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo. La resolución, que puede ser recurrida, impedirá a los sancionados ocupar cargos públicos o presentarse a elecciones durante ese periodo una vez quede firme.
Los hechos investigados se remontan a 2016 y 2017, cuando David Sánchez fue nombrado coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Posteriormente, el puesto fue renombrado como responsable de la Oficina de Artes Escénicas. El fallo identifica tres actuaciones consideradas delictivas: ese nombramiento inicial, el cambio de denominación de la plaza, y la contratación en 2023 de Luis Carrero —descrito como colaborador cercano de David Sánchez— por el mismo organismo público.
Los magistrados basaron sus conclusiones en documentación administrativa, correos electrónicos e informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La sentencia afirma que los acusados actuaron siguiendo un «plan preconcebido» y «en connivencia» para crear cargos que no existían en la estructura administrativa, y que el procedimiento respondió «al interés particular de su adjudicatario y no al interés general».
El proceso no se limitó a David Sánchez. En total, once personas fueron condenadas. Nueve de ellas recibieron la misma pena de nueve años de inhabilitación. La condena más severa recayó sobre Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura, sentenciado a 18 años de inhabilitación al atribuírsele dos delitos de prevaricación.
El tribunal absolvió a todos los acusados del delito de tráfico de influencias al considerar que «no ha quedado probado que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados». Esa distinción no suaviza el fondo del fallo: la sentencia sostiene que «esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción».
La reacción del Ejecutivo llegó rápido. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, declaró tener «confianza en la justicia» y expresó su expectativa de que «en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez». Saiz recordó además que la Fiscalía había solicitado la absolución del hermano del presidente.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El caso lleva años siendo el símbolo más incómodo para La Moncloa: una contratación pública cuestionada desde el principio, investigada por la Guardia Civil, y ahora condenada por un tribunal. La defensa gubernamental apunta a las instancias superiores; la sentencia, por ahora, habla por sí sola.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el caso ilustra un principio que trasciende fronteras: cuando el aparato estatal se convierte en instrumento de favoritismo familiar, no hay ideología que lo justifique. El dinero de los contribuyentes —en este caso, el de los extremeños— financió durante años un cargo que la justicia describe como creado a medida para un beneficiario predeterminado. La libre empresa y la meritocracia exigen que el acceso a los recursos públicos sea competitivo y transparente; lo contrario no es solo un delito penal, es una señal de que las instituciones sirven a quienes las ocupan, no a quienes las sostienen. Que la condena pueda recurrirse es un derecho legítimo; que el Gobierno salga a defender al condenado antes de que la tinta se seque es, en sí mismo, un dato político que los ciudadanos deberían anotar.
