La escena lo dice todo. En una misma lista caben Borges y Favaloro, Leloir y Ginastera, Florentino Ameghino y René Favaloro. Todos, en algún momento, fueron miembros activos de una o más de las 22 Academias Nacionales de la República Argentina. No es un dato decorativo: es la radiografía de lo que esas instituciones han sido capaces de atraer y retener a lo largo de la historia del país.
Las Academias Nacionales forman un conjunto de 22 instituciones dedicadas a las ciencias, la tecnología, las humanidades y las artes. Su arquitectura institucional es peculiar y vale la pena subrayarla: son autónomas, reconocidas y apoyadas por el Estado nacional, pero sus miembros eligen a sus propias autoridades y, sobre la base del reconocimiento a logros profesionales, incorporan a los nuevos integrantes. No hay concurso burocrático, no hay cuota política. El criterio es la excelencia demostrada.
Esa autonomía no es un privilegio corporativo. Es la condición que hace posible su función más valiosa: informar al público y a los actores políticos sobre materias de su incumbencia con independencia de criterio. Generan publicaciones, declaraciones e informes y, en algunos casos, administran institutos de investigación propios. En un país donde el debate público suele naufragar entre la demagogia y el ruido, una institución capaz de hablar sin deber favores es un bien escaso.
Jorge V. Crisci, profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata y académico de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, plantea el argumento central con precisión: Argentina necesita iniciar una transición hacia una verdadera sociedad del conocimiento, en la que el saber sea reconocido como su principal capital estratégico. La tesis no es nueva, pero el momento en que se formula sí importa.
Los detalles cuentan la historia. Crisci no habla de las Academias como museos del pasado ni como clubes de notables. Las describe como agentes estratégicos de una transformación pendiente, capaces de ejercer liderazgo intelectual, promover el diálogo entre sectores y establecer alianzas con universidades, organismos públicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Es decir: instituciones de interfaz entre el conocimiento y la decisión, entre la investigación y la aplicación productiva.
El argumento económico subyacente merece ser dicho en voz alta. En las economías que más han crecido en las últimas décadas, el conocimiento no solo impulsa el crecimiento: lo organiza. La innovación tecnológica, la investigación aplicada y la formación de capital humano de alto nivel no emergen del vacío; requieren instituciones que acumulen, preserven y transmitan estándares de excelencia. Las Academias Nacionales son, en ese sentido, infraestructura. No de cemento, sino de criterio.
Para entender el presente hay que volver a esa semana —o a esa década— en que Argentina eligió repetidamente el gasto corriente sobre la inversión en conocimiento, el empleo público sobre la productividad, el subsidio sobre el mérito. El resultado está a la vista. Un país con premios Nobel, con científicos de proyección mundial, con una tradición intelectual que pocas naciones latinoamericanas pueden igualar, y sin embargo incapaz de convertir ese activo en prosperidad sostenida.
Fortalecer las Academias Nacionales, como propone Crisci, no significa abrir la canilla del gasto ni crear una nueva burocracia. Significa reconocer que hay instituciones que el Estado no construyó —las construyó la excelencia de sus miembros— y que el Estado puede arruinar por omisión o por indiferencia presupuestaria.
Desde Hemisferio, el argumento merece una lectura adicional. En el debate argentino sobre el rol del Estado, la tentación es siempre binaria: o se financia todo o se recorta todo. Las Academias Nacionales representan un tercer modelo, el que más debería interesarle a quienes creen en el gobierno limitado y la libre empresa: instituciones autónomas, gobernadas por mérito, orientadas al bien público, con un costo fiscal marginal y un retorno potencial inconmensurable. No son parte del aparato estatal; son, en todo caso, su contrapeso intelectual.
Una Argentina que aspira a crecer sobre bases sólidas no puede darse el lujo de tratar su memoria científica y artística como gasto prescindible. Eso no es ajuste: es dilapidación del único capital que nadie puede importar.
