La escena lo dice todo: cada cuatro años, un partido distinto llega al Palacio de Las Garzas con promesas renovadas, y cada cuatro años el país descubre que el grupo que ocupa el poder cambia más que las políticas que aplica. Esa es la tesis central de un artículo de opinión publicado en La Prensa de Panamá, firmado por un columnista que plantea una pregunta incómoda: ¿sigue siendo adecuada la estructura de gobierno panameña para los desafíos del siglo XXI?
El diagnóstico parte de una observación más amplia. El autor señala que las principales potencias del mundo atraviesan «profundas transformaciones económicas y sociales», impulsadas por la acelerada evolución tecnológica, y que esa inestabilidad «también podría reflejarse en Panamá». No es un argumento abstracto: apunta al mercado inmobiliario comercial, donde la demanda de grandes sucursales bancarias y tiendas por departamentos ha disminuido considerablemente, al trabajo a distancia que reduce la necesidad de grandes espacios de oficina, y a la automatización que contrae la demanda de mano de obra en numerosas actividades productivas.
Los detalles cuentan la historia. El columnista observa que hoteles y restaurantes no pueden absorber toda la actividad económica que antes generaban bancos y grandes tiendas. El impacto, sostiene, va mucho más allá del sector inmobiliario: alcanza la manera en que las personas se relacionan, la forma de acceder al conocimiento y, en última instancia, la manera en que organizamos el poder público.
Frente a ese telón de fondo, la propuesta política es directa: Panamá necesita «mayor continuidad en las políticas públicas y una visión de largo plazo». El autor critica la rotación de partidos —menciona el arnulfismo, Cambio Democrático y el movimiento MOCA— no porque sean ideológicamente equivalentes, sino porque cada alternancia trae, según él, incertidumbre política y económica sin resolver los problemas de fondo. «Lo que cambia, muchas veces, es el grupo que llega al poder», escribe.
El modelo que propone no es una dictadura ni una reelección indefinida. El columnista es explícito al distanciarse del ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele: reconoce que sus transformaciones en materia de seguridad son consideradas positivas por muchos, pero rechaza «la idea de perpetuar a una persona en el cargo». Lo que busca es un sistema que permita preservar las políticas públicas que funcionan y sustituir con rapidez a los funcionarios que incumplan sus responsabilidades, «de manera similar a como ocurre en una empresa».
La analogía empresarial es deliberada. Quienes ocupen la Presidencia, argumenta, deberían contar con preparación profesional para coordinar equipos, administrar recursos y alcanzar objetivos nacionales. Va más lejos: sugiere considerar la contratación de especialistas internacionales para áreas técnicas, evitando que los nombramientos respondan exclusivamente a cuotas partidistas. Cita como referencia la selección nacional de fútbol, que ha recurrido a entrenadores extranjeros como Thomas Christiansen, y menciona al expresidente uruguayo José Mujica como ejemplo de liderazgo austero y honesto.
¿Puede parecer poco patriótico contratar talento extranjero para gobernar? El autor lo anticipa y lo refuta: «el verdadero patriotismo consiste en buscar lo mejor para el país, independientemente del origen de las buenas ideas». Rechaza además la convocatoria de una asamblea constituyente, por considerar que podría convertirse en «otro intento por redistribuir cuotas de poder sin resolver los problemas de fondo».
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que Panamá terminó de procesar el cierre de la mina Cobre Panamá y sus consecuencias para la inversión extranjera. El país lleva meses calibrando qué tipo de Estado necesita para atraer capital, garantizar certeza jurídica y ofrecer estabilidad al canal que es su columna vertebral. En ese contexto, la columna no es un ejercicio filosófico: es un síntoma del malestar de una clase empresarial y profesional que observa cómo el ciclo electoral consume energía institucional sin producir resultados duraderos.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la propuesta merece tomarse en serio, aunque sus contornos institucionales sigan siendo vagos. El principio que la anima —gobernar con criterio técnico, continuidad de políticas y rendición de cuentas rápida, en lugar de repartir cuotas entre partidos— es exactamente el que distingue a los Estados que atraen inversión de los que la ahuyentan. Panamá tiene un activo estratégico incomparable en el canal y una posición geográfica que ningún decreto puede replicar. Desperdiciarlo en el carrusel partidista no es solo un error político: es un lujo que el país ya no puede permitirse.
