La escena lo dice todo. Praderas inundadas, techumbres de invernaderos arrancadas por el viento y ganaderos sin pasto seco para alimentar a sus animales. Eso encontraron este sábado los equipos del Ministerio de Agricultura cuando comenzaron a recorrer las comunas de la Región de Los Ríos tras el paso del último sistema frontal.
El ministro Jaime Campos encabezó por la mañana una reunión con la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, el seremi de Agricultura, Rodrigo Emilet Bahamonde, y los directores regionales de los servicios dependientes de la cartera. El objetivo: dimensionar el golpe antes de comprometer recursos públicos.
«En términos generales, la agricultura regional ha soportado, ha resistido esta última emergencia climática», declaró Campos, aunque reconoció que existen sectores y productores con daños concretos. La evaluación preliminar identifica dos focos principales: los cultivos de hortalizas, afectados por la voladura de techumbres de galpones e invernaderos y el anegamiento de terrenos, y la ganadería, donde parte de las praderas permanece bajo el agua y obliga a reforzar la distribución de forraje.
Hay además una variable que todavía no tiene respuesta: el impacto sobre el calendario productivo. Campos advirtió que durante la próxima semana se determinará si las condiciones del suelo obligarán a retrasar las siembras de primavera. Los terrenos, explicó, deberán secarse antes de poder ser trabajados. Un retraso en ese calendario puede traducirse en pérdidas que van mucho más allá del daño inmediato visible.
El catastro en curso es el paso previo indispensable para cualquier ayuda. «Solo a partir de ese catastro nosotros podemos llegar a quienes hoy día pueden estar padeciendo las consecuencias de este fenómeno, puesto que tenemos que ser muy responsables en el uso de los recursos públicos», subrayó el ministro. El seremi Bahamonde reforzó el mismo criterio: la priorización de recursos exige antecedentes técnicos y actualizados.
La emergencia agrícola fue decretada durante esta semana a solicitud de la Delegación Presidencial Regional. El decreto abre tres vías de financiamiento: la reasignación de recursos al interior del propio Ministerio de Agricultura y sus servicios, el acceso al denominado Fondo de Catástrofe, que involucra recursos de los ministerios de Interior y Hacienda, y la transferencia de fondos desde los gobiernos regionales hacia los productores afectados.
Un dato que Campos destacó con énfasis: el forraje y alimento entregado hasta ahora en la región provino de donaciones del sector privado. «En la medida que seamos capaces de unir los esfuerzos del sector público con los esfuerzos del sector privado, le vamos a entregar a la ciudadanía que está padeciendo de este tipo de situaciones una respuesta más eficaz, más eficiente y más oportuna», sostuvo el ministro.
Los detalles cuentan la historia. Cuando la primera respuesta efectiva sobre el terreno llega no del aparato estatal sino de privados que donaron forraje, la lección es difícil de ignorar. La libre empresa no esperó el catastro ni el decreto: actuó. El Estado, con sus procedimientos y sus fondos de catástrofe, llega después, y llega mejor cuando reconoce esa realidad en lugar de ocultarla.
Lo que está en juego en Los Ríos no es solo la cosecha de esta primavera. Es la capacidad del sector agrícola —pequeños, medianos y grandes productores por igual— de planificar, invertir y producir en un entorno donde los fenómenos climáticos son recurrentes. El catastro que hoy recorre la región definirá quiénes reciben apoyo y en qué medida. Que ese proceso sea riguroso, transparente y rápido no es un detalle burocrático: es la diferencia entre un productor que recupera su temporada y uno que la pierde.
