La escena lo dice todo. En la Expo Rural de Villaguay, Entre Ríos, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, eligió un foro ganadero para lanzar una advertencia que resonó más allá del predio: «El estatus sanitario alcanzado por la Argentina costó muchos años de trabajo y no admite improvisaciones».
El blanco de la advertencia es una medida anunciada por el Gobierno en septiembre del año pasado. A partir de la segunda campaña de vacunación de 2026, actualmente en curso, el Ejecutivo decidió excluir de la inoculación antiaftosa a vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Solo terneros y terneras recibirán la dosis. La Secretaría de Agricultura, que conduce Sergio Iraeta, presentó la medida como un logro: «Esta segunda etapa no incluye la inoculación de vaquillonas, novillos y novillitos, entre otras categorías, lo que permite ahorrar al sector productivo cerca de 14 millones de dosis por un total aproximado de 22 millones de dólares».
La cartera agrícola también defendió la decisión en términos técnicos. Argumentó que «la reducción de dosis se encuentra alineada con la de otros países del Cono Sur» y enumeró beneficios adicionales: menor estrés animal, reducción de pérdidas de peso y mejoras reproductivas. No es un argumento menor en un país que exporta carne a mercados exigentes.
Pero Colombatto no se conformó con esa lectura. Su mensaje fue preciso: «Cualquier cambio en las estrategias sanitarias debe sustentarse en evidencia científica y consenso técnico, porque de ello dependen la credibilidad del sistema y el acceso a los mercados internacionales». La frase, según un comunicado de CRA, fue el eje de su intervención. No hubo nombre propio, no hubo ataque directo al Gobierno, pero el destinatario era evidente.
En la misma alocución, el dirigente amplió el mapa de preocupaciones sanitarias. Según CRA, alertó que el avance de enfermedades como la sarna bovina obliga a redoblar la responsabilidad de todos los actores de la cadena, y subrayó que el uso responsable de los antibióticos es hoy una exigencia de los mercados internacionales y una garantía para la calidad e inocuidad de los alimentos.
La trastienda incluye otro frente abierto. Trascendió un anteproyecto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone convertir en voluntarios los aportes —hoy obligatorios— de productores y frigoríficos al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Colombatto salió a defender ese organismo con claridad: lo calificó de «herramienta estratégica para posicionar la carne argentina en el mundo, abrir nuevos mercados, generar información y fortalecer una política público-privada que ha dado resultados concretos para toda la cadena».
El dirigente también aprovechó el foro para reiterar la posición histórica del sector sobre las retenciones. Según CRA, reconoció los avances en estabilidad macroeconómica, pero insistió en que las retenciones «continúan siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento del agro» y reclamó avanzar hacia su eliminación definitiva. A eso sumó una agenda de competitividad: inversión en caminos rurales, energía, conectividad, puertos, ferrocarriles y logística, acceso al financiamiento para tecnología y, como punto legislativo, una nueva ley de semillas que «incentive la innovación, respete la propiedad intelectual y contemple la realidad de los productores argentinos».
Los detalles cuentan la historia. El campo argentino no está en guerra con el Gobierno de Milei —de hecho, CRA acompañó el rumbo macroeconómico y el recorte del gasto público—, pero traza una línea cuando la desregulación toca activos que tardaron décadas en construirse. El estatus sanitario libre de aftosa no es una regulación burocrática: es el pasaporte de acceso a los mercados de mayor valor del planeta.
Aquí está el principio en juego. La libre empresa funciona cuando las reglas del juego son predecibles y los activos productivos están protegidos. Un productor que invierte en genética, tecnología y escala necesita saber que el sistema sanitario que respalda sus exportaciones no cambiará por un decreto de ahorro. Veintiún millones de dólares es una cifra real; perder un mercado de exportación por una contingencia sanitaria evitable puede costar un múltiplo de eso. CRA lo sabe. El Gobierno haría bien en escucharlo.
