La carta llegó antes de que Indalecio Dangond pisara el despacho. Tres congresistas —Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda— no esperaron al 7 de agosto para hacer su primer movimiento: enviaron un documento formal al ministro de Agricultura designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella, exigiéndole que el primer acto de la nueva administración sea desmantelar un paquete de regulaciones agrarias firmadas por el gobierno de Gustavo Petro.
Los detalles cuentan la historia.
El blanco de la solicitud son las resoluciones expedidas con base en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 —el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno saliente—, mediante las cuales se crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos. Según los congresistas, ese artículo «convirtió una ley que solo debía durar cuatro años en una herramienta permanente que le da al Ministerio de Agricultura el poder de decidir, por su cuenta, cómo deben usarse las tierras de departamentos, municipios y el destino que deben darle sus propietarios».
Las consecuencias, según el texto del documento, son concretas: miles de predios rurales con prohibiciones para actividades como comercio, industria, turismo, minería o construcción de vivienda, «sin que exista una ley que autorice estas restricciones ni estudios técnicos serios que las respalden». El aparato regulatorio, en la lectura de los tres legisladores, atropella la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa.
A eso se suma una segunda petición: revisar el Decreto 1147 de 2024, que según la carta faculta a la Agencia Nacional de Tierras para fijar límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.
La solicitud no llega sola. Los congresistas citan dos advertencias institucionales que ya estaban sobre la mesa antes de que De la Espriella ganara las elecciones. La Contraloría General de la República advirtió riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la implementación de las APPA. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32. Dos organismos de control, señalamientos distintos, mismo diagnóstico: la arquitectura jurídica de estas medidas tiene fisuras.
Dangond llega con credenciales de campo. Al anunciar su designación, De la Espriella escribió en su cuenta de X que «el campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia» y describió al nuevo ministro como «un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro». El presidente electo no mencionó los decretos en disputa, pero la carta de los congresistas ya trazó la primera línea de la agenda agraria.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La presión llega antes del traspaso de mando, lo que revela cuánto peso acumularon estas regulaciones en el sector productivo rural durante el gobierno saliente. Los propietarios de predios afectados, los municipios con autonomía recortada y los inversionistas que calcularon el riesgo jurídico de operar bajo esas restricciones no esperaron discursos inaugurales: necesitaban una señal antes del 7 de agosto.
La señal llegó desde el Congreso.
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Lo que está en juego va más allá de un paquete de decretos. Colombia tiene en el agro uno de sus mayores activos de largo plazo, pero ese activo solo genera riqueza cuando existe certeza jurídica sobre la propiedad y libertad real para decidir el uso productivo de la tierra. Regulaciones que restringen esa libertad sin sustento técnico ni mandato legal claro no protegen al campesino: lo encierran junto con el inversionista que podría generarle empleo y mercado. Si el gobierno De la Espriella actúa con la celeridad que sus propios congresistas le reclaman, la revocatoria de estas normas sería la primera prueba de que el cambio de rumbo en el campo es de fondo, no de discurso.
