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El brazo ejecutor del hemisferio

El Ejército de Estados Unidos lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental junto a 18 países aliados, como continuación de la Operación Lanza del Sur. El crimen organizado tiene ahora enfrente una coalición con sede, mando y mandato multinacional.
Imagen ilustrativa
miércoles 5 de agosto de 2026

El martes 4 de agosto de 2026, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos —Southcom, con sede en Miami— anunció el nacimiento del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental. La escena lo dice todo: 18 países sentados bajo el mismo techo institucional, con un general al frente y una misión declarada en términos que no dejan espacio a la ambigüedad.

El general Francis Donovan, comandante de Southcom, lo llamó por su nombre: «el brazo ejecutor» del Comando Sur «para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio». La frase no es retórica. Donovan describió una arquitectura diseñada para «incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional» y ejercer «una presión sostenida sobre las organizaciones criminales», además de fortalecer la seguridad de Estados Unidos y sus socios.

El nuevo grupo de trabajo nace como una transición explícita de la Operación Lanza del Sur, lanzada en septiembre de 2025 por la administración de Donald Trump. Ese operativo implicó bombardeos contra embarcaciones identificadas como del narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico. Según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), hasta ahora Estados Unidos ha atacado más de 60 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas.

La Operación Lanza del Sur también aumentó la presión sobre el entonces gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien fue detenido en una intervención estadounidense en Caracas y trasladado a un centro de detención en Nueva York a principios de enero para enfrentar cargos de narcoterrorismo, según la fuente.

La coalición que firmó en Miami

El núcleo del nuevo grupo de trabajo lo forman los países que suscribieron la alianza del Escudo de las Américas en marzo, en Miami: Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, junto a Estados Unidos.

Posterior a ese evento, se sumaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú. También se incorporó el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuya adhesión —antes de asumir formalmente el poder— marca un giro de 180 grados respecto a la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro frente a Washington.

El jefe del nuevo grupo de trabajo será el general Kevin Jarrard, quien lideró la respuesta del Departamento de Estado tras los terremotos de junio en Venezuela. Southcom describió la nueva sede como la «sede operativa para la ejecución de misiones en toda la región», con capacidades integradas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, planificación operacional y coordinación multinacional.

Los detalles cuentan la historia

La arquitectura es deliberada: no es un foro de consulta ni una declaración de principios. Es una estructura de mando con un general designado, una sede física y un mandato operativo. La transición desde la Operación Lanza del Sur —un operativo unilateral de bombardeos— hacia un grupo de trabajo multinacional sugiere que Washington busca distribuir legitimidad política sin ceder el control operacional.

Para entender el presente hay que volver a esa semana de marzo en Miami, cuando once países de la región —varios de ellos con gobiernos de centroderecha o aliados históricos de Washington— pusieron su firma en el Escudo de las Américas. Lo que entonces parecía una declaración diplomática tiene ahora un brazo armado, una sede y un comandante.

Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro merece dos lecturas. La primera es positiva: frente al avance de los cárteles y las redes de narcoterrorismo que han capturado territorios enteros en América Latina, una respuesta coordinada con músculo real es exactamente lo que el libre comercio, la inversión y la seguridad de los ciudadanos necesitan. La segunda lectura es de vigilancia: una coalición militar de este alcance exige rendición de cuentas, reglas de enfrentamiento claras y supervisión civil. Los 221 muertos que WOLA atribuye a la Operación Lanza del Sur son un dato que ningún gobierno firmante puede ignorar. El orden y la seguridad son condiciones del mercado y de la libertad; pero el orden sin transparencia se convierte, tarde o temprano, en otro problema que resolver.

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