La escena lo dice todo. Un ministerio en Lima somete a consulta pública un reglamento y, casi de pasada, reescribe quién tiene derecho a la vivienda subsidiada por el Estado. Desde ahora, basta con estar solo.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó el proyecto de Reglamento de la Ley N° 32379, que modifica el acceso al programa Techo Propio y su Bono Familiar Habitacional (BFH). El cambio más llamativo: por primera vez, una persona soltera —redefinida en el texto como «familia unipersonal»— podrá postular al subsidio sin necesidad de integrar un núcleo familiar tradicional, siempre que cumpla los requisitos socioeconómicos, no sea propietaria de otra vivienda y no haya recibido previamente apoyos estatales del mismo tipo.
Los montos no son menores. Para la compra de vivienda unifamiliar, el bono puede alcanzar los S/52.250, con un valor máximo permitido de S/109.100 para la vivienda. En departamentos, el subsidio llega a S/47.850 sobre un precio total que no puede superar los S/136.100. Para construcción en sitio propio, el monto es de S/33.000, con posibilidad de incremento en regiones específicas. El bono de mejoramiento de vivienda es de S/12.650.
La modificación aplica a todas las modalidades del programa: adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.
Un registro, nuevas categorías y menos trabas municipales
El reglamento no se limita a ampliar el universo de beneficiarios. Crea el Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), instrumento obligatorio para todos los proyectos y unidades inmobiliarias de Vivienda de Interés Social (VIS). Según el texto, el RENAVI permitirá monitorear la ejecución de proyectos, verificar el cumplimiento de requisitos y fiscalizar la entrega de subsidios.
El proyecto también introduce nuevas categorías: la Vivienda de Interés Social Tipo Prioritaria (VISTP), dirigida a hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad, y la Vivienda Única de Interés Social (VISVU), para quienes nunca recibieron apoyo estatal.
Otro eje del texto es la prohibición expresa de que los municipios bloqueen proyectos VIS en sus jurisdicciones. El reglamento reafirma al MVCS como ente rector y exige que los tres niveles de gobierno adecúen sus normas al marco nacional. Se trata, en la práctica, de una centralización de la política habitacional frente a la burocracia local.
El alquiler entra al subsidio
Entre las novedades, el texto habilita el arrendamiento social: personas solas o familias podrán acceder a subsidios estatales para alquilar una vivienda VIS bajo condiciones específicas de habitabilidad y plazo mínimo de ocupación.
Para proteger el «destino social» del bien, las viviendas adquiridas con subsidio no podrán venderse, alquilarse ni quedar deshabitadas durante los primeros cinco años. El incumplimiento obliga a devolver el subsidio e impide acceder a nuevos apoyos estatales.
En materia de estándares técnicos, la superficie mínima para una vivienda unifamiliar pasa a 35 m² y para departamentos se mantiene en 40 m². En casos excepcionales se permiten soluciones desde 25 m², con justificación técnica. El proyecto también ajusta el marco legal a fallos del Tribunal Constitucional, eliminando beneficios urbanísticos opcionales para municipios y corrigiendo artículos declarados nulos.
La trastienda del subsidio
Los detalles cuentan la historia. Ampliar el acceso a la vivienda subsidiada es, en principio, una señal de que el mercado formal no llega a todos los peruanos que necesitan un techo. Eso es un hecho, y merece reconocerse. Pero la lógica del programa encierra una tensión que el reglamento no resuelve: cada soltero que recibe un bono de hasta S/52.250 es dinero del contribuyente comprometido durante años, en un país donde la supervisión del gasto social ha probado ser, en el mejor de los casos, irregular.
La creación del RENAVI y las restricciones de cinco años son pasos hacia la trazabilidad, pero la historia de los programas habitacionales en la región enseña que los registros no bastan si la fiscalización es débil y la sanción, tardía. El verdadero desenlace de esta norma no se escribirá en Lima, sino en cuántos beneficiarios reales acceden a una vivienda digna y cuántos subsidios terminan en el limbo burocrático o, peor, en manos equivocadas. Esa es la pregunta que el Ministerio de Vivienda aún debe responder.
