La escena lo dice todo. Mientras los asesores del Poder Ejecutivo aún trabajaban los borradores a puerta cerrada, ya circulaban en Buenos Aires los contornos de una reforma judicial de alcance inusual: sacar a la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Magistratura, recortar juzgados federales y mover cientos de miles de millones de pesos entre jurisdicciones. El Gobierno de Javier Milei quiere cambiar las reglas del tablero antes de que sus rivales terminen de leer las cartas.
Según altas fuentes del Gobierno citadas por La Nación, el plan contempla modificar la ley del Consejo de la Magistratura —el organismo constitucional encargado de designar y remover jueces— para excluir de él a los ministros de la Corte Suprema. Hasta aquí, el presidente del máximo tribunal presidía también ese cuerpo, acumulando influencia sobre nombramientos, sanciones y gasto administrativo. Con la reforma, esa palanca desaparecería.
El proyecto también reduciría la representación de todos los estamentos: jueces, abogados, académicos y políticos verían menguar su cuota de consejeros. La lógica es la misma que en otras áreas del ajuste: menos aparato, menos costos, menos vetos cruzados.
Comodoro Py, más chico
El plan no se detiene ahí. Las mismas fuentes confirmaron que se evalúa reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 —el epicentro histórico de las causas de corrupción— y recortar de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante por debajo de la Corte.
Los detalles cuentan la historia: la desaparición de cargos vacantes en la justicia laboral y en la justicia criminal nacional generaría un ahorro presupuestario que el Ejecutivo planea usar como moneda de negociación con los gobernadores, cuyo apoyo en el Congreso es indispensable para aprobar los proyectos.
El botín: 633.000 millones de pesos
Aquí entra la cifra que lo explica todo. El presupuesto de la justicia nacional ordinaria con asiento en Buenos Aires asciende a 633.120 millones de pesos, equivalente al 29,6% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación, según la fuente. Ese dinero está en el centro del debate abierto por el fallo Levinas, que ordenó el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
Los gobernadores, según las fuentes consultadas, no se conforman con los ahorros derivados de los cargos de camaristas: quieren que se les reconozcan también los fondos que se generarían con el traspaso completo de la justicia nacional. El propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, lo sintetizó en el plenario del Consejo: «El traspaso es cuestión de los poderes políticos, es decir, de que la decisión es de quién pone el dinero».
El Ministerio de Justicia evalúa, según las mismas fuentes, una compensación para los gobernadores que viabilice los votos necesarios. Aun consumado el traspaso a la Ciudad, el Gobierno sostiene que quedarían fondos redistribuibles para las provincias.
Un mandato constitucional pendiente
El trasfondo legal tiene historia. El Consejo de la Magistratura fue creado por la reforma constitucional de 1994 con 20 integrantes. En 2006, durante el kirchnerismo, una ley redujo ese número a 13 y alteró el equilibrio entre estamentos en favor del sector político. El Colegio de Abogados de la Ciudad impugnó esa norma; quince años después, el 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema la declaró inconstitucional por violar el artículo 114 de la Constitución, que exige equilibrio entre los estamentos. La Corte ordenó volver a la composición de 20 miembros y dio al Congreso 120 días para legislar. El Congreso no lo hizo. Ahora es el Ejecutivo el que toma la iniciativa, aunque con una composición diferente a la que la Corte restauró por defecto.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el kirchnerismo reformó el Consejo: lo que entonces fue un intento de subordinar la justicia a la política hoy se convierte, paradójicamente, en el argumento que el Gobierno usa para justificar su propia reingeniería. El círculo se cierra con otra lógica, pero el instrumento es el mismo: la ley ordinaria como palanca sobre el Poder Judicial.
Hemisferio considera que reducir la burocracia judicial y acotar la acumulación de poder en manos de unos pocos magistrados son objetivos legítimos desde cualquier perspectiva de gobierno limitado. Pero la trastienda de esta reforma —fondos provinciales como precio de los votos, cargos que desaparecen para generar caja negociable— recuerda que el libre mercado de la política argentina tiene sus propias distorsiones. El desenlace dependerá de si el Congreso legisla sobre principios o sobre presupuestos.
