La escena lo dice todo. Un miércoles por la noche, el secretario de Economía Marcelo Ebrard subió al estrado con una caja pequeña y una promesa grande: México, dijo, se ha colocado «a la vanguardia de la biotecnología» al aprobar el primer biofungicida de ácido ribonucleico del mundo.
El producto es real. Green Light Biosciences, empresa fundada y dirigida por el mexicano Andrey Zarur, desarrolló durante más de diez años un biofungicida de RNA que, según Zarur, sustituye pesticidas químicos de alto riesgo y permite controlar plagas de forma específica, reduciendo la dependencia de agroquímicos derivados del petróleo. Los ensayos se realizaron en México y en otros veinte países.
La autorización llegó en nueve meses. El titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, atribuyó ese plazo a la «simplificación de trámites» y a prórrogas de diez años. Borja Aburto añadió que el producto combate hongos sin dañar el medio ambiente ni a los trabajadores, y que la comisión revoca 197 registros de plaguicidas mientras prepara otro decreto de prohibición.
Los números que Ebrard puso sobre la mesa: una inversión inicial de 100 millones de dólares, proyección de 500 empleos directos especializados y un «soporte equivalente». El funcionario informó que se habilitará la construcción de una planta de manufactura en la Ciudad de México.
Zarur precisó que el producto ya está disponible en pequeñas proporciones. La escala industrial depende de esa planta y del avance del proyecto, no de decretos.
Ebrard fue explícito sobre el marco político del anuncio. «Esto es lo que México tiene que hacer», dijo, y subrayó que el caso demuestra que el país puede crecer «sin depender de factores externos como el nearshoring o los aranceles». Agregó: «Estas ideas, estos conocimientos van a producir riqueza mexicana».
Lo que Ebrard no dijo con igual énfasis es que la riqueza en cuestión la arriesgó un empresario privado, no el erario. Green Light Biosciences es una empresa privada; Zarur desarrolló su trabajo tanto en México como en Estados Unidos; y la decisión de producir a gran escala en México fue, según el propio Zarur, una apuesta por el potencial del país, no una instrucción del aparato estatal.
Los detalles cuentan la historia. El gobierno agilizó un trámite regulatorio —nueve meses en lugar de los plazos habituales— y eso es un dato positivo, concreto y verificable. Pero entre agilizar un registro y «liderar la biotecnología mundial» hay una distancia que el secretario recorrió sin detenerse.
Lo que está en juego
El caso Green Light Biosciences ilustra, con precisión casi didáctica, la diferencia entre un Estado que facilita y un Estado que se apropia del mérito. Cuando la burocracia se aparta del camino —trámites más cortos, criterios claros, prórrogas previsibles— el capital privado y el talento científico hacen el trabajo. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí: más de una década de investigación, cien millones de dólares de inversión privada y la decisión soberana de un empresario mexicano de apostar por su país.
El riesgo del relato oficial es el de siempre: si el gobierno se adjudica el éxito cuando la libre empresa gana, también reclamará el control cuando el proyecto necesite escalar. México tiene biodiversidad, talento y, al parecer, una ventana regulatoria que funcionó. La pregunta que Hemisferio deja abierta es si esa ventana seguirá abierta cuando el proyecto valga más dinero, o si el «aparato estatal coordinado» que celebra Borja Aburto decidirá entonces que también quiere un asiento en la mesa.
