La escena lo dice todo. En la comunidad Brasil Sur, en Cumaná, capital del estado Sucre, un montículo de desechos creció durante más de doce meses frente a los ojos de los vecinos y, según denuncian estos, también frente a la indiferencia del aparato estatal.
Los residentes describieron el sitio como un «basurero satélite»: un vertedero informal que, lejos de ser un problema puntual, se ha convertido en el eje de una crisis sanitaria que afecta a cinco comunidades adicionales del sector, según los propios afectados.
Los detalles cuentan la historia. Los vecinos señalaron que la falta de recolección de desechos sólidos —un servicio básico que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar— derivó en malos olores permanentes, en la proliferación de animales y en una obstrucción física de calles que dificulta el tránsito de peatones y vehículos por igual.
Pero el daño no se detiene en la incomodidad. Ante la ausencia del servicio, algunos habitantes han optado por quemar el botadero. Esa práctica, según los denunciantes, genera humo tóxico que incentiva enfermedades respiratorias entre los residentes de las comunidades adyacentes. El fuego como solución desesperada ante un Estado que no recoge la basura: esa es la ecuación que describe el colapso del servicio público en Sucre.
Los afectados hicieron un exhorto formal a las autoridades e instituciones gubernamentales para que brinden «una pronta respuesta» a una situación que, en sus propias palabras, «desde hace tiempo se salió de control».
Para entender el presente hay que volver a esa semana —o, en este caso, a ese año— en que nadie llegó a recoger la basura. Porque el basurero satélite de Brasil Sur no apareció de la noche a la mañana: se construyó, bolsa a bolsa, en el vacío que deja un servicio municipal que dejó de funcionar.
La trastienda de esta historia es conocida en buena parte de Venezuela. La recolección de desechos sólidos depende de municipios que, en muchos casos, carecen de combustible, de camiones operativos o de presupuesto suficiente para sostener una frecuencia mínima de recolección. El resultado es visible en comunidades como Brasil Sur: la carga de la ineficiencia estatal recae, como siempre, sobre los ciudadanos de menos recursos, que no tienen la opción de mudarse ni de contratar servicios privados alternativos.
Desde Hemisferio, el diagnóstico es directo: cuando el Estado monopoliza la provisión de servicios básicos y luego falla en entregarlos, no existe competencia ni alternativa que corrija el error. Los vecinos de Brasil Sur no pueden elegir a otro proveedor de recolección de basura; solo pueden denunciar y esperar. Llevan más de un año esperando.
El principio en juego es elemental: la salud y la propiedad de los ciudadanos se deterioran en proporción directa al deterioro del Estado que debía protegerlas. Un vertedero que obstruye calles, enferma pulmones y expulsa animales no es una anécdota local; es el síntoma más visible del costo humano que pagan quienes viven bajo una gestión pública que no rinde cuentas a nadie.
