En El Bagre, Antioquia, la noche empieza a las 6:00 de la tarde. No por decreto municipal ni por ordenanza departamental, sino porque el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc lo han decidido así. Después de esa hora, nadie transita por las vías rurales sin arriesgarse a las consecuencias de desafiar a quienes, de facto, gobiernan el territorio.
La Defensoría del Pueblo lo documentó con una palabra que resume el drama de la región: «gobernanza armada ilegal». La entidad emitió una alerta temprana tras confirmar que estos grupos no solo controlan el paso de personas, sino que cobran una «vacuna» del 10% sobre la producción de oro a quienes explotan las minas de la serranía de San Lucas y sectores como Guamocó y Mina Nueva.
La escena lo dice todo: mototaxistas y arrieros, según la Defensoría, «son frecuentemente instrumentalizados para el transporte de insumos o el retiro de cuerpos de combatientes». La vida civil se ha convertido en logística de guerra.
El conflicto tiene nombres y estructuras precisas. De un lado, la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del autodenominado Ejército Gaitanista o Clan del Golfo. Del otro, el Frente 4 del Bloque Magdalena Medio, heredero de las antiguas Farc. Ambos disputan el control de rentas ilícitas derivadas del oro en una zona límite entre Antioquia y Córdoba, donde la riqueza del subsuelo se ha convertido en el combustible de la violencia.
La tecnología de la guerra también ha cambiado. La Defensoría documentó el uso de drones cargados con explosivos. En un solo episodio ocurrido en junio pasado, doce artefactos lanzados desde el aire obligaron a desplazarse a 61 familias. El municipio vive, además, bajo la amenaza de municiones sin explotar dispersas en los cultivos, que mantienen a cientos de familias confinadas en sus propios territorios.
Las comunidades más expuestas, según el Ministerio Público, son las de la cabecera de El Bagre y los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver. Ahí, la intensificación de la disputa entre las dos estructuras armadas ha elevado el riesgo de asesinatos selectivos, desplazamientos y confinamientos.
El golpe más severo recae sobre los pueblos indígenas Zenú, en los resguardos Los Almendros y Brojolá, y sobre comunidades afrocolombianas cuyos territorios colectivos, advierte la entidad, ven amenazada su autonomía. La Defensoría fue explícita sobre el impacto en niñas, niños y adolescentes: riesgo de reclutamiento forzado, accidentes con minas antipersonal y afectaciones graves a su salud mental.
Frente a este panorama, la Defensoría emitió 14 recomendaciones dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades, exigiendo una actuación «articulada y urgente» en los tres niveles de gobierno.
Para entender el presente hay que volver a esa disputa por el oro: no es un conflicto ideológico entre bandos armados, sino una guerra de rentas por el control de una de las fuentes de riqueza mineral más importantes del país. Cuando dos estructuras criminales se disputan quién cobra el impuesto de guerra sobre la producción aurífera, la conclusión es inevitable: en El Bagre no existe hoy garantía alguna para la propiedad privada ni para la libre actividad económica de quienes extraen el oro con el que, en teoría, debería tributar al fisco y no al fusil.
Los detalles cuentan la historia con crudeza: un toque de queda que no dictó ninguna autoridad legítima, un impuesto minero que no recauda la DIAN sino el Clan del Golfo, y una infancia que crece bajo la sombra de las minas antipersonal y el reclutamiento. Mientras el Estado colombiano no recupere el monopolio de la fuerza y la capacidad de proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos en el Bajo Cauca, la alerta de la Defensoría seguirá siendo, más que una advertencia, un diagnóstico de ausencia estatal en una de las regiones más ricas —y más abandonadas— del país.
