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El aula sin brújula

El economista Alejandro Morduchowicz diagnostica décadas de reformas educativas en Argentina que no lograron mover la aguja: programas sin problema definido, evaluaciones ignoradas y salarios docentes que nunca tuvieron un cálculo serio.
Imagen ilustrativa
martes 14 de julio de 2026

La pregunta lleva décadas flotando en los pasillos de los ministerios y en las aulas de todo el país: ¿por qué la escuela argentina no da lo que se espera de ella? Alejandro Morduchowicz, economista y profesor en la Universidad Di Tella, acaba de publicar Crítica de la Política Educativa (Siglo XXI, 2026) con una respuesta que incomoda a todos los bandos.

La tesis central no señala a un villano único. «Hay distintos momentos o distintas hipótesis que se plantean», advirtió Morduchowicz en el podcast de Ticmas. «No creo que haya uno solo.» Pero sí identifica un hilo conductor: la falta de consistencia interna entre el diagnóstico, los instrumentos elegidos y la forma en que se ejecutan las políticas.

Programas sin problema

El autor recorre cuatro décadas de gestión pública —desde la recuperación democrática hasta el presente— y encuentra un patrón que se repite con independencia del signo político: «A veces tenemos la solución y no tenemos el problema», resumió. Cada administración rebautiza los programas de la anterior, los carga de nueva retórica y los lanza al sistema. El resultado, según Morduchowicz, es una acumulación de iniciativas que «no se difunden, no se comunican» y que muchos funcionarios ni saben que existieron.

Ese inventario silencioso tiene una consecuencia directa: la sensación generalizada de que no pasa nada, cuando en realidad «sí están pasando bastantes cosas». El problema no es la ausencia de acción sino la ausencia de coherencia.

Los 90 y los 2000: más parecidos de lo que se admite

Uno de los pasajes más provocadores del libro es la comparación entre las dos décadas que suelen presentarse como opuestas. Morduchowicz señala que en los 90 hubo legislación emblemática —la ley de transferencia de servicios educativos, la ley federal de educación, la ley de educación superior— mientras que en los 2000 la alineación entre el gobierno general y el Ministerio de Educación fue total. «Hay ciertas semejanzas que muchos de los actores de la época no estarían muy gustosos de admitir», dijo.

La distinción que sí sostiene: en los 90 el Ministerio a veces iba en dirección contraria a las líneas del gobierno central; en los 2000 esa tensión desapareció. Ninguno de los dos modelos resolvió el problema de fondo.

Evaluaciones que no se usan

Desde principios de los 90, Argentina se sumó a la corriente internacional de evaluaciones educativas. Hoy acumula mediciones locales, regionales e internacionales. Morduchowicz es directo: «Salvo momentos contados, esas evaluaciones no se han empleado para intervenir en las provincias o las escuelas». Cita a una analista española para describir el fenómeno: en educación, «más que trabajar con evidencias, trabajamos con ocurrencias». La frase, dice, es «totalmente aplicable para Argentina».

El salario que nunca se calculó

Entre los déficits más concretos que señala el libro aparece uno que resume la falta de seriedad técnica del debate educativo argentino: «En Argentina nunca se terminó de calcular cuánto debe ganar un docente». No es una omisión menor. Sin ese cálculo de base, las negociaciones salariales oscilan entre la presión gremial y la restricción fiscal, sin ancla racional.

El federalismo como convicción, no como capricho

Morduchowicz se define como «más centralista» por tradición, pero reconoce que el gobierno actual tiene una postura ideológica genuina en materia de federalismo educativo. «Hay una convicción, no es solo un capricho», concedió. El resultado práctico es que la Secretaría de Educación Nacional quedó, según su propia descripción, como «un imperio sin colonias»: conserva el peso simbólico de la gran tradición educativa argentina pero cedió las palancas operativas.

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Lo que el libro de Morduchowicz pone sobre la mesa es incómodo precisamente porque no es ideológico: el aparato estatal educativo argentino gasta, legisla y evalúa, pero rara vez cierra el ciclo entre diagnóstico, instrumento y resultado. Eso tiene un costo que pagan los contribuyentes y, sobre todo, los alumnos. La libre empresa sabe hace tiempo que un proceso sin métricas útiles es un proceso que se repite indefinidamente sin mejorar. La escuela pública argentina lleva décadas demostrando que esa lógica no es privativa del sector privado: también aplica cuando el dinero es de todos y la rendición de cuentas, opcional.

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