La escena lo dice todo. Un patrullero de la Comisaría de Pro estacionado frente a los portones de la Universidad Científica del Sur, sede Lima Norte, y un vigilante que no deja pasar a los agentes. «Usted está obstruyendo la labor policial», le advierte uno de los efectivos, según quedó registrado durante la intervención. El trabajador de seguridad insiste en frenar el ingreso. Minutos después, también él termina detenido.
El motivo de la irrupción era otro: una denuncia presentada por una estudiante contra quien sería un integrante de la Facultad de Medicina. Según el reporte de Exitosa, la acusación corresponde a la presunta comisión de tocamientos indebidos. La representante legal de la denunciante confirmó que la presunta víctima es menor de edad, aunque evitó dar más detalles y no reveló identidades.
La policía, según se explicó en el lugar, actuaba bajo la hipótesis de flagrancia. «Hay un delito en agravancia, que es un delito por violación sexual. Usted no está dejando entrar», le dijo el agente al vigilante antes de disponer su detención. El dato ilustra la tensión del momento: mientras el personal de seguridad cumplía —o creía cumplir— su función de resguardar el acceso a la institución, la ley exigía otra cosa.
Los protagonistas de esta historia son pocos y casi todos anónimos. Un docente sin nombre público. Una alumna cuya identidad se mantiene protegida por su condición de menor. Un vigilante que pagó con su propia libertad, al menos por unas horas, la decisión de cerrar una puerta. Y una universidad que, hasta el momento de escribir esta nota, no emitió pronunciamiento alguno.
El desenlace inmediato de la jornada fue el siguiente: tras varios minutos de negociación en la entrada, los agentes lograron ingresar a un ambiente de la universidad donde se encontraba el docente acompañado de una mujer que, según la reconstrucción de los hechos, habría alertado a la policía al reconocerlo. El hombre fue trasladado a la Comisaría de Pro para las diligencias correspondientes. La presunta víctima acudió a Medicina Legal para los exámenes de rigor y luego regresó a la dependencia policial a continuar con el proceso.
La representante legal de la denunciante fue cuidadosa al hablar con la prensa. Confirmó la minoría de edad de la víctima, dijo que los hechos habrían ocurrido en un aula de la universidad y aclaró que la decisión sobre la situación jurídica del docente corresponde al fiscal a cargo del caso. Cuando se le preguntó por el nombre del acusado, respondió con una frase breve: «No, no puedo mencionarlo por ahora, por favor».
Esa reserva —tanto de la defensa como de las autoridades— obliga a leer el episodio con el cuidado que exige cualquier denuncia en curso: se trata, hasta ahora, de una acusación y una intervención policial, no de una sentencia. La presunción de inocencia rige para el docente detenido, tal como debe regir para cualquier ciudadano mientras la investigación —ahora en manos del Ministerio Público— determina responsabilidades.
Los detalles cuentan la historia, y en este caso hablan también de las rutas institucionales disponibles para este tipo de denuncias: la línea 105 de la Policía Nacional, las comisarías, el propio Ministerio Público para delitos contra menores, y los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que junto con la Línea 100 ofrecen orientación y soporte emocional las 24 horas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que una universidad privada de Lima Norte se convirtió, por unas horas, en escenario de una intervención policial dentro de sus propias aulas. La Universidad Científica del Sur no ha dicho nada, ni sobre la detención de un docente de su Facultad de Medicina ni sobre el procedimiento que se desarrolló dentro de su sede. Ese silencio, más que cualquier otro dato, es hoy la trastienda del caso.
Más allá del desenlace judicial que corresponde fijar al fiscal, el episodio plantea una pregunta que trasciende a las personas involucradas: qué protocolos tiene una institución educativa privada para proteger a sus alumnas menores de edad dentro de sus propias instalaciones, y qué pasa cuando el personal de seguridad —contratado precisamente para resguardar el orden interno— termina, por acción u omisión, entorpeciendo a la autoridad legítima. La universidad, como cualquier empresa que presta un servicio esencial a familias que pagan por él, tiene la obligación de responder con transparencia, no con silencio, cuando algo así ocurre bajo su techo. El mercado de la educación superior también se sostiene sobre la confianza, y esa confianza se construye o se pierde en episodios exactamente como este.
