La escena lo dice todo.
A principios de junio, un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) se presentó en el domicilio de Avi Loeb y le pidió que formara un grupo de expertos para descifrar los objetos voladores no identificados que el ejército estadounidense ha registrado durante décadas. No fue una llamada de rutina. Fue una admisión.
«El gobierno de Estados Unidos me tuvo desde el primer momento», dijo Loeb a Fox News Digital. «El hecho de que estén contactando a científicos como yo indica, en mi opinión, que están desconcertados por lo que están viendo, y creen que quizás no sea de fabricación humana».
Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, encabeza ahora el UAP Science Advisory Council, establecido conjuntamente por la Casa Blanca, el Pentágono, la ODNI, el FBI y la comunidad de inteligencia. El consejo reportará sus hallazgos al UAP Governing Board, organismo bajo la dirección de la ODNI. Su equipo, compuesto por más de una docena de científicos, ya analiza cuatro lotes de divulgaciones públicas sobre avistamientos de fenómenos anómalos no identificados —UAP, por sus siglas en inglés— publicados por la administración Trump en los últimos meses.
Los detalles cuentan la historia.
El perfil del consejo es deliberadamente heterodoxo. Junto a físicos, la nómina incluye un patólogo, un científico informático, un filósofo, un psicólogo y el editor fundador de la revista Skeptic. La amplitud de disciplinas sugiere que quienes diseñaron el grupo no buscaban confirmar una hipótesis, sino cubrir todos los flancos posibles ante fenómenos que los instrumentos militares no logran clasificar.
El obstáculo inmediato es el acceso a la información. Loeb ha solicitado al Pentágono y a otras agencias 50 vídeos, imágenes y documentos relacionados con incidentes UAP conocidos. Hasta ahora, ninguna agencia ha entregado ese material, alegando preocupaciones de seguridad nacional. La explicación oficial es reveladora: el problema no son los objetos captados, sino los sensores utilizados para captarlos. Revelar esas capacidades técnicas pondría en riesgo ventajas estratégicas frente a naciones adversarias. El consejo, por su parte, solo revisará materiales ya desclasificados, según su propio sitio web.
Pero la designación de Loeb no ha llegado sin controversia.
Según The Verge, varios miembros de la comunidad científica llevan años calificando a Loeb de «fraude», «chiflado» y «charlatán». Sus credenciales en Harvard y una larga trayectoria académica le otorgan legitimidad formal, pero sus afirmaciones más sonadas —que el objeto interestelar Oumuamua era una sonda alienígena y que unas esferas metálicas encontradas en el océano eran restos de una nave extraterrestre— han sido ampliamente descartadas por sus colegas. Sus apariciones televisivas han multiplicado su notoriedad pública en proporción inversa a su crédito entre pares.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de junio.
El gobierno de Estados Unidos, con toda la infraestructura de inteligencia más sofisticada del planeta, llamó a la puerta de un científico cuya principal distinción pública es sostener que los alienígenas ya estuvieron aquí. Esa paradoja no es menor: o las agencias creen genuinamente que los UAP escapan a cualquier explicación convencional, o la apuesta por Loeb responde a una lógica de comunicación pública —alguien capaz de hablar al ciudadano común sobre fenómenos que el Estado no sabe explicar.
Desde Hemisferio, el principio en juego es claro: la transparencia institucional tiene valor en sí misma, y el hecho de que la Casa Blanca, el Pentágono y la ODNI hayan creado un mecanismo de revisión científica con datos desclasificados es preferible al hermetismo que durante décadas envolvió este expediente. Que los sensores militares capturen objetos que los propios analistas no identifican no es una curiosidad de nicho; es, potencialmente, una cuestión de soberanía del espacio aéreo y seguridad nacional.
Lo que resulta más difícil de defender es la elección del mensajero. Un consejo cuya credibilidad depende de su rigor científico difícilmente puede permitirse un presidente cuyas conclusiones más publicitadas han sido rechazadas por la comunidad académica. Si el objetivo es que los hallazgos sean tomados en serio —por el Congreso, por los aliados, por los contribuyentes que financian esos sensores clasificados—, la Casa Blanca tendrá que demostrar que eligió a Loeb por su método y no por su audiencia.
